El 31 de julio finaliza el periodo voluntario para regularizar a los trabajadores no declarados

El empleo sumergido o trabajo no declarado perjudica, por un lado, directamente a la competencia desleal que tales situaciones generan respecto de la gran mayoría de las empresas españolas que actúan en el marco de la legalidad común, dificultando sus propias posibilidades de crecimiento dentro de dicho marco; y por otra parte, a la disminución, cuando no eliminación, de las posibilidades de protección social de los propios trabajadores afectados y de sus condiciones de vida y de trabajo, en un momento en el que, precisamente, pueden ser más vulnerables ante las contingencias diversas relacionadas con el ciclo económico. Además, estos comportamientos y actitudes sociales dificultan la recuperación económica y los objetivos nacionales de reducción del déficit público, precisamente cuando se aumentan las necesidades del gasto en protección social.

Con el claro fin de acabar con estos perjudiciales comportamientos, el Gobierno aprobó el pasado 29 de abril un Real Decreto-Ley con el objetivo de estimular el afloramiento voluntario del trabajo no declarado.

Para conseguir ese fin último, el Real-Decreto busca, por un lado, que la empresa dé de alta al trabajador en la Seguridad Social, regularizando así su situación de acuerdo con la Ley. Y por otro lado, que el trabajador, que ve así garantizados todos sus derechos laborales y sociales, cumpla también con su obligación legal de declarar sus ingresos.

Periodo voluntario

El Real-Decreto establece un periodo de regularización voluntaria, hasta el 31 de julio, para que el empresario dé de alta al trabajador y ponerse al día, si fuera necesario, con el pago de la deuda. Una vez pasado este tiempo, se reforzarán los sistemas de detección de estas infracciones, con planes específicos de control por sectores de actividad, se aplicarán sanciones más duras que las actuales y habrá una pérdida automática de ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de los programas de empleo.

Al respecto, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo Vicente, ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad para que antes del 31 de julio se proceda a dar de alta en la Seguridad Social a todos aquellos trabajadores de Castilla y León que se encuentren fuera de la Ley y no se tenga que sancionar a ninguna empresa por incumplimiento de la misma”.