Un informe del Tribunal de Cuentas ha puesto en duda la gestión del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) respecto a las ayudas mineras.
El órgano fiscalizador del sector público advierte de estas “irregularidades e incumplimientos significativos” en las ayudas de reactivación entre los años 2006 y 2017, tal y como ha puesto de manifiesto la agencia Efe.
Durante el periodo fiscalizado, el importe ejecutado supuso un total de 1.786 millones de euros. De ellos, 1.105 millones corresponden a la línea de infraestructuras y 681 millones a las dos sublíneas para proyectos empresariales generadores de empleo.
El informe refleja que ninguna de las ayudas se incardinaron en un plan estratégico de los previstos en la Ley General de Subvenciones, sin medios técnicos y humanos suficientes para la adecuada gestión de las líneas de subvenciones de infraestructuras y de proyectos empresariales.
Un Real Decreto “ambiguo y escasamente riguroso”
Al respecto, considera que el marco regulador (por medio de un Real Decreto de 2007) era “ambiguo y escasamente riguroso”. Incluso, “con deficiencias y debilidades que afectaron a la planificación, ejecución y justificación de las actuaciones, así como al control interno”. De este marco regulador se derivaron subvenciones que han sido objeto de procesos penales.
No había examen de viabilidad de actuaciones a subvencionar, tampoco se concretaban suficientemente los criterios de priorización y documentación que debía aportar. A ello hay que sumar “falta de homogeneidad” en el procedimiento que, según el mismo informe, ha derivado en estas “deficiencias e irregularidades en la justificación de las subvenciones concedidas, especialmente en las correspondientes a entidades sin ánimo de lucro”.
Sobre la línea de ayudas a proyectos generadores de empleo, el Tribunal de Cuentas ha precisado que las bases adolecieron “de un grado de complejidad muy elevado”, lo que ha dado lugar a la configuración “contradictoria” de algunos trámites, por un lado, y a la “escasa concreción de otros”.
“Inseguridad jurídica”
Este mismo informe también advierte de la “inseguridad jurídica” que provocó las incoherencias en la definición de los plazos de referencia para los beneficiarios y en la definición de algunos requisitos. También derivó en retrasos en los procesos de concesión.
Respecto a la fiscalización, se ha puesto de relieve una falta de coordinación entre el IRMC y las entidades colaboradoras, afectando al seguimiento en la ejecución de los proyectos subvencionados, a las comprobaciones sobre la aplicación de fondos y al cumplimiento de las condiciones impuestas, pero sin planes de comprobación.
Comunidades como Aragón y Castilla y León dieron por buenas cuentas justificativas rendidas mediante informe auditor.
Tampoco se impulsaron procedimientos de reintegro de las ayudas, en su caso, ni se iniciaron procedimientos sancionadores, incluso “determinadas infraestructuras financiadas nunca se pusieron en uso”.
