Rajoy pierde la mayoría silenciosa. Jueces y Fiscales paran en El Bierzo entre las 12 y 13 horas

La mayoría silenciosa a la que aludía Mariano Rajoy, cada vez es menos silenciosa. Las protestas contra la política del gobierno llegan de todos los sectores, y salvo la Iglesia y la banca, no queda ya ningún grupo social o profesional que no se haya manifestado o convocado acciones de protesta contra el ejecutivo que dirige Mariano Rajoy.

Si hace unos días se producía la primera gran manifestación de discapacitados de la historia de España, y ayer eran los rectores de las universidades quienes censuraban la política educativa del gobierno, ahora le toca el turno a los profesionales de la justicia, que de forma unánime han convocado movilizaciones y un paro de una hora contra el ministro y su ley de tasas.

Alberto Ruiz Gallardón ha conseguido lo que parecía imposible, poner de acuerdo a todos los abogados, jueces, fiscales, procuradores y demás profesionales de la justicia. Todos, de forma unánime, rechazan la ley de tasas judiciales y la reforma de la justicia que quiere imponer el ministro.

El enfrentamiento es total. Las asociaciones de jueces y fiscales han aplazado la convocatoria de huelga, pero rechazan a Alberto Ruiz Gallardón como interlocutor válido, debido a su negativa a escuchar opiniones y sentarse a negociar, por lo que piden hablar directamente con Mariano Rajoy.

Por su parte Gallardón contraataca acusando a los jueces y fiscales de moverse únicamente por intereses económicos “como no van a estar enfadados si les hemos quitado la paga extra…” Lo cierto es que ese enfado podría hacerse también extensible al resto de trabajadores del sector público, a quienes el gobierno les ha sustraído parte del salario que les corresponde por su trabajo.
Pero el ministro no ha tardado en recibir contestación desde distintos ámbitos, recordándole que no se puede ningunear a los profesionales y que tanto las protestas por la privatización de la sanidad en beneficio de determinadas empresas, como la reforma del código penal o la aprobación de “una ley que convierte la justicia efectiva para todos… en justicia en efectivo” para quien pueda pagarla, van mucho más allá de una mera reivindicación salarial.