El PP de Bembibre reitera su oposición a la privatización de residencia y escuela infantil y acusan al gobierno local de llevar dos años “engañando” a las trabajadoras

Pleno Bembibre Partido Popular

Transcripción literal del comunicado de prensa del PP

La señora Cao tiene una obsesión con el concejal del Grupo Popular Roberto Enrique Fernández, le cita sin parar en todos sus comunicados, por algo será. Lo cierto es que, en la Comisión de Hacienda, los expedientes de las facturas de la Residencia de Mayores, de la Escuela Infantil y del Ayuntamiento en general, nunca se votan, simplemente se da cuenta de ellas. El desconocimiento de la alcaldesa de cómo funciona el Ayuntamiento queda patente en sus declaraciones cuando afirma que votamos en contra. Dichos expedientes vienen acompañados de los preceptivos informes de Fiscalización de la Intervención Municipal, Pues bien, en las 37 ó 38 Comisiones de Cuentas celebradas a lo largo de este mandato, es muy raro, realmente excepcional, que haya un expediente de pagos de facturas sin reparos de intervención, no sólo de los servicios que pretende privatizar sino también las que afectan al propio Ayuntamiento. Le instamos a que por la misma regla de tres lo externalice.

Cierto es que hemos presentado por escrito, para que constase en acta: “nuestra petición formal a la Intervención Municipal y a la Secretaría del Ayuntamiento para que se remitan a la Fiscalía de los Juzgados de Instrucción de Ponferrada, al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas de Castilla y León, copia certificada de todos los informes de fiscalización con resultado de disconformidad total o parcial y los subsiguientes Decretos de Alcaldía solventando los reparos emitidos en el período que abarca desde 01-07-2023 a 20-12-2024, (ampliable ahora al 09,01.2025), por si dichas reiteradas y constantes actuaciones del Equipo de Gobierno fueran constitutivas de algún ilícito penal o Infracción administrativa, para evitar al propio tiempo, el incurrir en un hipotético delito de encubrimiento, si dichas actuaciones fueran constitutivas de delito y no fueran denunciadas ante los organismos competentes”. Es nuestra labor como oposición mirar por el dinero de los ciudadanos y velar por el cumplimiento de la ley, les pedimos que se hagan las cosas como hay que hacerlas y se busquen otras soluciones, no la privatización, pero para eso hay que ponerse a trabajar y de eso Silvia y su equipo no saben mucho.

En el período junio 2011 a junio 2012, en que el concejal Roberto Enrique Fernández fue miembro del equipo de Gobierno de Otero, la Residencia y la Guardería se hallaban privatizados y con contratos vigentes suscritos por el anterior alcalde socialista, en ese periodo no se tomó ninguna decisión porque no finalizaba dicho contrato hasta 2013 y el concejal al que alude constantemente en sus notas de prensa ya no formaba parte del equipo de gobierno.

Hemos hecho constar en el acta de la Comisión de Cuentas que, nos oponemos a su intención de privatizar dichas servicios y que recuperaremos al gestión del servicio de aguas, así como que nos solidarizamos plenamente con las trabajadoras de la Guardería y la Residencia, a las que PSOE y UPL llevan engañando burdamente desde hace más de dos años, dándoles largas con una supuesta negociación que nunca tuvieron intención de llevar a cabo. Hurtándoles el derecho a ser integrados en el Convenio Colectivo del personal laboral de Ayuntamiento de Bembibre y manteniéndolos de forma claramente ilegal, en el caso específico de la Residencia de Mayores, en un Convenio privado que expresamente excluye de su ámbito a los trabajadores de Residencias de titularidad pública y, en el caso de las trabajadoras de la Escuela Infantil les han negado su pleno derecho a ser considerados personal laboral del ayuntamiento.

Ya les hemos dicho que ustedes no son de fiar, ahora tenemos que añadir que son absolutamente incapaces de gestionar un Ayuntamiento como el de Bembibre y, si tuvieran vergüenza, se privatizarían ustedes, presentando su dimisión y dejando gobernar a personas capaces de cumplir con la legalidad administrativa.

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