Transcripción literal del comunicado de prensa del Grupo Municipal del PP
Tras las acusaciones de la alcaldesa, Silvia Cao, en torno a los presuntos cobros indebidos recibidos en 2019 por la concejala, Laura Álvarez, en virtud de las diligencias previas abiertas por el Juzgado, en las que la alcaldesa da por sentada su culpabilidad antes incluso de que haya prestado declaración, el Grupo Popular aclara:
El grupo popular no va a hacer ninguna valoración jurídica sobre un incipiente procedimiento judicial aunque sí un pronunciamiento sobre la oportunidad ética y política de Silvia Cao en este asunto, por lo que nos preguntamos: ¿por qué esta denuncia ahora, transcurridos cuatro años y medio de su toma de posesión como alcaldesa?; si como dice, conocía esto antes, ¿por qué no lo puso en manos de la justicia en su momento?, ¿acaso tenía algún motivo para mirar para otro lado?, ¿le incomoda quizá la oposición actual…?
Hay que recordar que el entonces alcalde de Bembibre, Manuel Otero, cesó en sus funciones de área a dos concejales tras conocer su intención de concurrir a las elecciones municipales del 2019 en listas de otro partido, y “esas funciones de área, así como su pertenencia a la Junta de Coordinación, fueron asumidas por otros concejales fieles al gobierno al que pertenecían”, percibiendo las indemnizaciones por asistencia a los órganos que les corresponden y/o por sustitución como procede en estos casos, “algo que se viene dando también frecuentemente a lo largo de todos estos años de mandato de Silvia Cao… ¿o no ocurre lo mismo cada vez que Belén Martín sustituye a Gerardo Álvarez Courel en la Mancomunidad?
La alcaldesa habla de incompatibilidad en la asistencia y en los cobros a sabiendas de que no se produce, sirva como ejemplo el caso de Serafín Vázquez, que además de las asistencias de su área delegada, cobraba las indemnizaciones correspondientes a su nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno tras la dimisión entonces de Sigifredo Benavides, actual socio de gobierno del PSOE municipal. ¿Por qué no se pone esto en manos de la justicia…? porque todos sabemos que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) no recoge ninguna incompatibilidad ni en la asistencia ni en la retribución de los dos órganos.
Con todo esto, desde el PP municipal entienden que apreciar algo reprochable en el proceder de aquellos cambios únicamente responde a un afán de revancha por parte de la alcaldesa contra quienes intentaban sacar adelante el trabajo y que los vecinos no se vieran afectados por la renuncia de aquellos que ya solo trabajaban para concurrir en las listas de Ciudadanos. “Las concejalas del PP asumieron estas concejalías y, por tanto, no vemos la irregularidad en el hecho de que percibieran las retribuciones estipuladas para dichas funciones”.
Sin entrar en la corrección del procedimiento para el nombramiento, para eso está el procedimiento judicial incoado, las concejalas percibieron 900 euros por el trabajo de sustituir a tres concejales que habían iniciado su desembarco en las listas de otro partido. “Mientras tanto -surayan desde el PP- la señora alcaldesa suma a su nada desdeñable dedicación en el Ayuntamiento otros 1.000 euros por cada vez que reúne las mancomunidades del agua y la basura”, y recuerdan que el dinero que percibieron las concejalas por la realización de su trabajo procede del mismo sitio de donde se va a pagar el abogado designado por el Ayuntamiento para este procedimiento”.
