El proyecto de las Casas del Hombre se ha convertido en el protagonista de la polémica entre equipo de gobierno y oposición de Bembibre. La tramitación de este expediente a caballo entre dos legislatura ha llevado a un enfrentamiento entre quienes hoy gestionan el Ayuntamiento y la oposición que lo hizo durante los primeros meses del pasado año, que se acusan mutuamente de ser los responsables de la falta de fondos.
Los hechos objetivos en los que coinciden PP y PSOE son la cronología de los acontecimientos. Por un lado, el expediente de contratación se inició en marzo de 2011 por el gobierno socialista. La tramitación siguió su curso paso a paso hasta el día 31 de mayo cuando, en periodo de gobierno en funciones, adjudicó las obras a la empresa CRS por importe de 2,2 millones de euros.
El día 8 de junio el anterior alcalde firmó la comunicación a la empresa del resultado de la adjudicación requiriéndola para que en el plazo de ocho días se presentara en el Ayuntamiento para la firma del contrato. Una firma que se materializa el día 24 de junio de 2011, unos días después de la toma de posesión de José Manuel Otero.
Éstos son los datos objetivos, ahora viene la interpretación que cada parte hace de los mismos.
En primer lugar, el equipo de gobierno, en la misma línea de la nota de prensa de la pasada semana, atribuyó la responsabilidad directamente al anterior ejecutivo local por haber iniciado un expediente con la intención, dijo Otero, de “colgarse las medallas” cuando carecía de la correspondiente financiación. “Tengo muy claro que cuando llegué a la alcaldía tenía delante de mí un contrato para firmar de una la adjudicación que hizo el anterior equipo de gobierno”, declaró el alcalde, y lamentó que sin partida presupuestaria “no habría que haber adjudicado esas obras”.
Por su parte, el portavoz socialista Manuel Ángel Rey identificó al alcalde como responsable en última instancia por la firma del contrato, y aseguró que el expediente se inició a instancias de la consejería de Turismo, y en concreto de su directora general, Rosa Urbón. “A la firma del contrato el Ayuntamiento tenía que tener ingresados el 48%., y eso no se dio”, criticó Rey, que justificó que haber omitido el trámite de firma del contrato en ese periodo de ocho días que marcaba la Ley conllevaba que “la empresa tendría que haber sido indemnizada con 100 ó 200 euros”, pero que eximía al Ayuntamiento del pago de los más de 2 millones de euros en caso de que al final no hubiera consignación.
En este punto entra en juego una valoración específica sobre si debió el equipo de gobierno saliente advertir al ejecutivo entrante de aquellos proyectos más relevantes.
El alcalde reprochó que en la transición no se hubiera producido un traspaso de poderes propiamente dicho y que no se hubiera advertido de las salvedades de este proyecto en concreto. “Si ellos sabían que ese dinero no estaba, lo mínimo que tenían que haber hecho era advertirnos”, criticó Otero que añadió que “ahora vienen a acusarnos a los demás de unas decisiones que ellos nos habían dejado, no sé si con trampas”.
De hecho, el regidor se preguntó si “no existió mala fe” y “nos prepararon ustedes una trampa, porque usted sabía que no estaba el dinero”.
Por su parte, Rey expresó que “sorprende que ningún funcionario le dijera que está sujeto a que hubiera partida presupuestaria”, y concluyó que “nosotros iniciamos un expediente a instancias de la Junta, pero Otero firmó un contrato, ¿a instancias de quién?”, preguntó.
Y se preguntó sobre el papel del alcalde pues “han tenido que pasar ocho meses para que usted se dé cuenta de que no había liquidez”. “Esto pone de manifiesto su ineptitud para ocupar el cargo”, añadió Rey, que aseguró que “aprobó ocho certificaciones de obra sin enterarse de dónde estaba el dinero”.
El viceportavoz del PP, Jaime González, llegó a cuestionar la legalidad de la actuación del equipo de gobierno anterior por haber adjudicado en funciones una obra de más de dos millones de euros. Otero fue más allá y aseguró que “cada expediente tiene alguna irregularidad”, que incluso apuntó como “trapicheos”.
La sesión plenaria también aprobó la operación de crédito del Ayuntamiento que finalmente se rebaja a 1,68 millones de euros.
Tono tenso, reproches del público y bronca final
Algunas sesiones plenarias se han visto empañadas por la participación activa de personas concretas del público que intervienen en las mismas con comentarios ofensivos contra los ediles. Y en concreto ayer cuando un grupo de ciudadanos profirieron insultos a la bancada socialista en pleno o hacia concejales de la oposición concretos, tales como Manuel Ángel Rey o Nancy Prada. Desde calificativos como “sinvergüenzas” hasta imputaciones de actos delictivos son algunos de los murmullos cada vez más altos que se escuchan en el salón de sesiones y que provocó una acalorada discusión al término del Pleno.
La concejala Nancy Prada pidió al término de la sesión la identificación de los ciudadanos que supuestamente alteraron el orden del Pleno. En ese momento se inició una ‘pelea’ dialéctica entre la edil y miembros del público que reprocharon a Prada su gestión pasada en un tono cada vez más elevado. La discusión acalorada se trasladó luego a los concejales de gobierno y oposición quienes aún en la sala, y una vez la Policía exigió al público que abandonase las dependencias municipales, siguieron debatiendo tanto sobre cuestiones del Pleno como otras ajenas. Expresamente sobre quién fue el primero que se extralimitó en algún momento de la legislatura y quién el que contestó.
El propio alcalde pidió al público que guardase las formas un par de ocasiones durante la sesión. Sin embargo, esta crispación que se trasladó al público ya se vino arrastrando por los ediles casi desde que se abrió la sesión, con un tono elevado y arrogante por momentos en la práctica totalidad de puntos del orden del día.
