La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena al alcalde de Congosto, José Antonio Velasco, por un delito de prevaricación urbanística que denunció una vecina. Una condena que rebaja en vía de recurso la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal de los siete años a los cuatro que finalmente ha dictaminado el órgano judicial.
El alcalde asegura que presentará la próxima semana su dimisión como alcalde, insistiendo en que se trata de una resolución “excesiva” que, en cualquier caso, acatará y agilizará para que sus efectos sean inmediatos.
Si bien la sustitución natural sería dejar la alcaldía de la mano del teniente de alcalde, todavía no se ha confirmado el nombre de la persona que le relevará en el año y medio de mandato que queda hasta el fin de legislatura.
El Juzgado de lo Penal de Ponferrada condenó el pasado mes de marzo al alcalde de Congosto a inhabilitación para cargo público durante un periodo de siete años y una multa de 5.400 euros, que ahora ha quedado rebajado a cuatro por la Audiencia Provincial de León. Consideró que cometió un delito de prevaricación urbanística en Almázcara, y en concreto que el regidor “obró a sabiendas de que su comportamiento era ilegal, manteniendo caprichosa y empecinadamente su criterio personal y particular, negándose a revisar de oficio su decisión o a consultar con los técnicos a su disposición, por entender, simple y llanamente, que la querellante no tenía razón”.
Los hechos se remontan al año 2009 cuando se había declarado nula por decisión judicial la licencia para la construcción de una caseta y responsabilizó al Ayuntamiento por no haber seguido en vía municipal el procedimiento legalmente establecido ante la omisión de determinados requisitos técnicos.
El Magistrado del Contencioso destacó que el Ayuntamiento de Congosto no sólo no denegó una licencia que había solicitado este particular posteriormente al inicio de los trabajos respecto a una de las dos obras, sino que “consintió y permitió por la vía de los hechos el mantenimiento de la construcción ilegal”. La acusación llegó a asegurar que presentó hasta quince escritos para que lo dejase la obra sin efecto, ninguno de ellos contestado.
Unas razones por las que la demandante apreció un posible delito de prevaricación administrativa que se dirimió primero en instancia en el Juzgado en Ponferrada y ahora en vía de recurso. Inicialmente Fiscalía pedía tres años de prisión, inhabilitación para cargo público y multa de 11.000 euros, pero finalmente el Fiscal se limitó a la petición de inhabilitación para cargo público sin incluir pena de cárcel.
