CCOO ha denunciado ante la Inspección Central de Trabajo al Ministerio de Justicia por no haber cumplido, según el sindicato, con sus obligaciones de vigilancia de la salud del personal de la Administración de Justicia que podría estar expuesto al gas radón en distintos puntos del Estado. En la provincia de León, la preocupación se centra en poblaciones como Igüeña y en Ponferrada, aunque también figuran entre las localidades afectadas Encinedo y Astorga.
La organización sindical advierte de que esta falta de actuación puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas trabajadoras, ya que la exposición prolongada al radón, un gas radiactivo de origen natural que puede acumularse en espacios cerrados, está considerada por la Organización Mundial de la Salud como la segunda causa principal de cáncer de pulmón después del tabaquismo.
El origen de la denuncia se sitúa en la publicación, en el BOE del 1 de mayo de 2025, de la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear, que aprueba el listado de municipios de actuación prioritaria frente al radón y fija directrices para realizar mediciones en centros de trabajo ubicados en plantas bajas o bajo rasante. Dentro de ese mapa de riesgo aparecen municipios de la provincia leonesa, entre ellos los municipios bercianos de Igüeña y Ponferrada, lo que obligaría a actuar con rapidez.
Tras la publicación de esa instrucción, CCOO solicitó al Ministerio de Justicia, el 9 de mayo del pasado año, que instalara de manera inmediata medidores en todos los centros del ámbito no transferido donde presta servicio personal dependiente del ministerio y que estuvieran ubicados en municipios considerados prioritarios. Según el sindicato, esa petición incluía los centros situados en la provincia junto a otros del resto del país.
La respuesta del ministerio, recibida el 21 de mayo, señalaba que estaba en disposición de estimar el promedio anual de concentración de radón en aire en esos lugares de trabajo, pero también indicaba que no disponía de medios materiales ni humanos para llevar a cabo directamente las mediciones, por lo que preveía tramitar una licitación para contratar a un servicio de prevención ajeno.
Sin embargo, CCOO sostiene que, transcurrido ampliamente el plazo de seis meses fijado por la instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear para iniciar la exposición de los detectores en los centros que no dispusieran de estudios en vigor, el Ministerio de Justicia no ha publicado esa licitación, no ha instalado medidores y no ha trasladado resultados ni avances a los delegados de prevención.
Para el sindicato, esta inacción resulta especialmente preocupante en estas poblaciones, especialmente Ponferrada, donde también presta servicio personal de la Administración de Justicia. CCOO entiende que la ausencia de controles impide conocer si las plantillas están trabajando en espacios seguros o si, por el contrario, pueden estar expuestas a niveles peligrosos de radón.
La denuncia presentada por CCOO afecta a más de un centenar de centros de trabajo del ámbito no transferido de la Administración de Justicia en diferentes provincias españolas y, según el sindicato, podría alcanzar a más de 2.000 personas trabajadoras. Entre ellas se encuentran 2.214 personas funcionarias de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia destinadas en distintas localidades, además de personal de otros servicios.
Además de acudir a la Inspección Central de Trabajo, CCOO ha puesto los hechos en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear. El objetivo es que se requiera al Ministerio de Justicia para que inicie de forma inmediata las mediciones de radón en los centros afectados y que adopte después las medidas correctoras y preventivas necesarias en función de los resultados.
El sindicato ha solicitado que, si se considera imprescindible para proteger la salud del personal, se llegue incluso a suspender la actividad laboral en los centros afectados hasta que las mediciones permitan descartar riesgos.
