Sentencia absolutoria doce años después por el accidente minero del Pozo Emilio

Doce años después del escape de grisú que costó la vida a seis mineros en el Pozo Emilio del Valle, en Santa Lucía de Gordón (León), el Juzgado de lo Penal número 2 de León ha dictado sentencia absolutoria para los 16 acusados. La resolución, de más de 500 páginas, concluye que no existen pruebas suficientes para atribuir responsabilidades penales a la cúpula de la Hullera Vasco-Leonesa, a los responsables de seguridad ni a las aseguradoras por el accidente ocurrido el 28 de octubre de 2013. La jueza entiende que el siniestro fue imprevisible y que la empresa había aplicado las medidas de seguridad exigibles en aquel momento.

El fallo también exime a la compañía y a las aseguradoras de responsabilidad civil derivada de los hechos, lo que implica que, a ojos del tribunal, no hubo delito de homicidio imprudente ni vulneración de los derechos de los trabajadores. La sentencia llega casi tres años después de que concluyera el juicio, celebrado en 2023, un retraso marcado por la larga baja médica de la magistrada y que las familias siempre han interpretado como una prolongación del sufrimiento que arrastran desde el día de la tragedia.

El recuerdo de Juan Carlos Pérez, el minero de Bembibre

Entre los seis trabajadores fallecidos se encontraba Juan Carlos Pérez, vecino de Bembibre. A sus 41 años, trabajaba como vigilante de la galería y era uno de los mineros con más experiencia en el tajo donde se produjo el escape súbito de gas grisú. Según los informes del accidente, la nube de gas fue tan rápida y masiva que apenas dejó margen de reacción a la cuadrilla, que no tuvo tiempo de colocarse los equipos de autorrescate antes de quedar sin oxígeno. Juan Carlos, conocido en Bembibre por su carácter discreto y trabajador, dejó una familia rota y un pueblo que aún hoy vincula su nombre a la mina.

Hace dos años, la madre de Juan Pérez, Mercedes Fernández, expresó su indignación por la versión en el juicio de alguno de los acusados que llegaron a trasladar la responsabilidad, incluso, a su hijo. 

En declaraciones a la emisora de radio FM Bierzo, Fernández se mostró dolida con la versión que han dado cuatro de los acusados, que volcaron en la memoria de su hijo esa misma responsabilidad. “Es todo una mentira”, dijo tajante, Y recordó el fin de semana anterior al accidente cuando su hijo en Bembibre “le dijo a los compañeros, a mí no porque sabía lo que me pasaba, que estaban diciendo que no entraban, que aquello estaba muy mal”. También puso de relieve el temor que existía a represalias y que incluso “habían echado a personas de la mina por decir la verdad de lo que allí pasaba”. “¿Por qué les hacen entrar a ellos?”.

Argumentos de la jueza y reacción de las familias

La sentencia sostiene que el accidente del Pozo Emilio fue un episodio “fortuito” que no pudo preverse ni evitarse con los medios disponibles en aquel momento. El tribunal subraya que los sistemas de detección de grisú, los planes de ventilación y los protocolos de seguridad estaban formalmente implantados y que no se ha acreditado una conducta concreta, individualizable, que permita atribuir a los acusados un comportamiento negligente. Esa interpretación lleva a la absolución de todos ellos, así como a la desestimación de las acusaciones por delitos contra los derechos de los trabajadores y por homicidio imprudente grave.

Sin embargo, las familias de los seis mineros, entre ellas la de Juan Carlos Pérez, han recibido el fallo con una mezcla de indignación y desolación. Asociaciones de víctimas y allegados llevan años denunciando que se minusvaloran las advertencias previas de los trabajadores sobre problemas de ventilación y sobre la presencia de grisú en la zona del macizo séptimo. La madre de Juan Carlos ya había expresado durante el juicio su malestar por el hecho de que algunas declaraciones pareciesen trasladar al propio minero parte de la responsabilidad del accidente, algo que las familias consideran inaceptable y profundamente doloroso.

Una batalla judicial larga y frustrante

El camino hasta esta sentencia ha sido largo. El accidente tuvo lugar en 2013, pero el juicio no comenzó hasta febrero de 2023, casi una década después, con 16 acusados en el banquillo y decenas de testigos citados. A lo largo de las sesiones, las acusaciones insistieron en que existían indicios de deficiencias en las medidas de seguridad, mientras que las defensas se aferraron a la idea de un suceso inevitable, provocado por un escape súbito de gas que habría superado cualquier previsión razonable. El procedimiento quedó visto para sentencia en marzo de 2023, pero el fallo no se ha producido hasta ahora, doce años después del siniestro.

Ese retraso ha alimentado la sensación de abandono entre las familias, que hablan de “dilaciones injustificadas” y de un sistema que no ha estado a la altura de la gravedad de lo ocurrido.