El estudio realizado por el Observatorio Socioeconómico Primero de Mayo sobre la Renta Familiar Disponible per cápita en 2011 (última información disponible cuando se hizo el estudio), sitúa al Bierzo en el último lugar dentro de las comarcas leonesas, apuntando como principal causa la mala gestión de los fondos del carbón.
Se da la circunstancia de que León y el Bierzo, que tenían los niveles de renta más altos en 1991, pasan en 2011 a tener las rentas más bajas, con 14.289 y 13.529 euros respectivamente.
Valencia de Don Juan, Cistierna y Sahagún, por este orden, son las que ocupan los primeros lugares en cuanto a renta familiar disponible. Todas ellas por encima de la media nacional, situada en 15.345 euros.
Cistierna, que ocupaba el último lugar en 1991, pasa en 2011 el segundo; y Valencia de Don Juan, que estaba en tercer lugar en 1991, ocupa el primero en 2011.
Por lo tanto, León y El Bierzo empeoran su posición relativa de forma dramática. Cistierna mejora de forma espectacular y Valencia de Don Juan, Sahagún y Villablino mejoran como consecuencia de la caída de León y El Bierzo, pero manteniendo sus posiciones relativas.
El informe explica la pérdida de posiciones del Bierzo en la drástica reducción de la actividad minera. La mejora de Cistierna se podría deber en parte a una menor reducción del empleo minero que en el Bierzo, y en parte a los fondos de la PAC. La caída de León se podría explicar en gran medida por la mejora relativa del resto de comarcas, receptoras todas ellas de cuantiosos fondos PAC
El informe concluye que los cuantiosos fondos recibidos por la comarca del Bierzo entre 1991 y 2011, fundamentalmente de los planes del carbón, no han servido para mantener la Renta Familiar Disponible respecto de la del resto de comarcas de la provincia
Ello probablemente se deba a que los perceptores de tales fondos han sido fundamentalmente empresas mineras y ayuntamientos y no las familias, como ocurre con las ayudas de la PAC, que sí han recibido y reciben en mucha mayor cuantía otras comarcas.
Los fondos recibidos por las empresas no habrían servido, por tanto, para mantener el empleo, sino los beneficios; mientras que los recibidos por los ayuntamientos y otros organismos públicos no habrían sido gestionados de manera eficiente.
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