UPyD rechaza las zonas libres de lobos y propone medidas paliativas sin acabar con ellos

Unión Progreso y Democracia en Castilla y León muestra su rechazo a las declaraciones de ‘zona libre de lobos’ que han hecho algunos ayuntamientos y diputaciones de la región, y propone un paquete de medidas dirigidas a paliar los efectos de los cánidos, sin acabar con ellos; una posibilidad que prohíben sendas sentencias del Tribunal de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo.

Según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León, la media anual de ataques se encuentra en los 640 al año, con un coste económico de 450.000 euros anual hasta 2011 tanto al norte como al sur del Duero; cifras que se alejan de los 1400 ataques de media y de los casi cinco millones de euros en costes que manejan algunas asociaciones. Si bien es cierto que las estadísticas del Gobierno regional tienden a la baja, UPyD considera que la Consejería de Agricultura y Ganadería puede asumir los daños directamente.

Del mismo modo, UPyD insiste en la defensa del patrimonio natural y la biodiversidad como generadora de empleo y como legado para las generaciones futuras. El lobo vale más vivo que muerto y, pese a los gastos de gestión, supone un importante atractivo turístico para los amantes de la naturaleza. Asimismo, la eliminación de una especie de su hábitat natural rompe el equilibrio ecológico y puede traer consigo otro tipo de problemas con un impacto más perjudicial que el causado por la presencia del lobo.

Por ello, Unión Progreso y Democracia plantea un paquete de medidas con el fin de buscar un equilibrio entre la pervivencia de los cánidos y la labor de los ganaderos, que se concreta en:

– Realizar un verdadero censo, tal y como prometió la Junta de Castilla y León en 2011, que incorpore técnicas amplificadas de ADN, como la PCR.

– Incentivar el quehacer diario de los ganaderos con la mejora de las condiciones de trabajo de los pastores profesionales e impulsar el uso de mastines, cuyo número es aún insuficiente.

– Aumentar los fondos y reducir las trabas administrativas para la instalación de vallados protectores.

– Desarrollar una política de educación, formación y sensibilización del lobo, con el fin de potenciar el respeto a la biodiversidad y ver al lobo no como un enemigo, sino como una oportunidad.