Los jueces, procuradores y fiscales del Bierzo, al igual que los del resto de España, están llamados a protestar ante las sedes judiciales por la entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales. Una ley que fue aprobada en solitario por el Partido Popular, con el rechazo del resto de grupos parlamentarios y la oposición del Consejo General del Poder Judicial, ya que considera que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en la Constitución Española.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), considera que esta ley tiene únicamente dos objetivos, crear un efecto disuasorio y recaudar; mientras que FACUA va más allá, al advertir que esto supone la puesta en marcha de una justicia para ricos y otra para pobres.
Incluso en el Partido Popular se levantan voces en contra. Un concejal del PP en Carballo (La Coruña), no ha tenido pelos en la lengua, en declaraciones hechas a título personal, para calificar a Gallardón como “el peor ministro de justicia”, añadiendo que “No se puede entrar en el Ministerio de Justicia pretendiendo cambiar de la noche a la mañana todo, y además para peor”.
El edil de Carballo pidió a la Defensora del Pueblo Soledad Becerril, que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Pero no es el único que entiende que esta ley es inconstitucional. Izquierda Unida también apela a la Defensora del Pueblo para que interponga el recurso de inconstitucionalidad, el PSOE ya ha decidido presentar este recurso, y la Junta de Andalucía está considerando hacerlo. Y se espera que haya más asociaciones y organismos de distinto tipo que pidan o promuevan la interposición del recurso de inconstitucionalidad.
La aplicación de las tasas judiciales previstas en la ley suponen un incremento entre 50 y 750 euros. Se da el caso de que para recurrir una multa de tráfico de 100 euros hay que depositar tasas de hasta 200 euros.
Gallardón hace retroceder así la ley hasta 1959, cuando se aprobó la última ley de tasas, derogada por el gobierno de Felipe González con el apoyo del padre del actual ministro, que por entonces ocupaba la vicepresidencia de Alianza Popular. José María Ruiz Gallardón afirmaba en 1986 que “Con el fin de hacer efectivo el abaratamiento de la Justicia, no sólo es preciso suprimir las tasas y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido, que grava las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos”
Pero el Ministro Alberto Ruiz Gallardón defiende la aplicación de la ley de tasas, que entiende están plenamente justificadas. Y asegura que no hay nadie que pueda decir que los ciudadanos de la Unión Europea no tienen acceso a la tutela judicial efectiva (A pesar de que ya lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial), o que sus tasas les dificultan litigar.
Lo cierto es que a partir de ahora, y mientras esta ley siga en vigor, los ciudadanos solo tendrán derecho a la justicia que puedan pagar.
