La sección sindical de CSI·F en la empresa CC&CC, ubicada en el polígono industrial de San Román de Bembibre, ha decidido impugnar ante el Servicio Regional de Relaciones de Trabajo de Castilla y León el actual Convenio de Empresa que regula las condiciones laborales en el centro de trabajo, como medida para que se aplique el Convenio Estatal de Contact Center.
El actual Convenio de Empresa apoyado por UGT, CCOO y la agrupación UTIL, no sólo reduce el salario de los trabajadores que menos cobran hasta en 312 euros al mes, sino que además entre otros perjuicios acorta las horas médicas, hace sancionables las ausencias justificadas o devalúa la proporción de prestación económica sobre el sueldo en caso de baja por enfermedad, informan desde el sindicato.
La norma estatal, si bien permite que se realicen Convenios de Empresa, marca varios puntos no modificables que sí se han variado y que en todos los casos se han amoldado a los intereses empresariales en detrimento de los trabajadores, por lo que el convenio vigente estaría fuera de la legalidad.
Destacan que existen más de 1.300 Contact Center, en su mayoría empresas de menor tamaño que CC&CC, siendo esta la única excepción en el cumplimiento del Convenio Estatal, dentro de un sector laboral en crecimiento tanto en volumen como en beneficios económicos.
“Desde CSI·F nos parece una contradicción que a nivel estatal actualmente se encuentre en periodo de negociación el Convenio Estatal de Contact Center, en el que tanto UGT como CCOO forman parte de la mesa negociadora, y entre las reivindicaciones sindicales que a nivel estatal se están negociando figure un ligero aumento de salario que evite una pérdida de poder adquisitivo. Y, por el contrario, estos mismo sindicatos son partícipes en la citada empresa bembibrense de unas condiciones laborales impensables en el ámbito estatal, que sitúan a CC&CC en cuanto a derechos laborales a nivel de empresas del mismo sector ubicadas en países en vías de desarrollo”, sostienen desde el sindicato.
CSI·F no está dispuesto a acatar las exigencias de la empresa, “ni en el caso de la negociación del convenio ni en ningún otro caso en el que el objetivo sea la pérdida de derechos de los trabajadores de la empresa”. Así mismo, insisten que CSI·F “no se amedranta ante cualquier tipo de amenaza que parte de la empresa por reivindicar acciones en pro de los derechos de los trabajadores”. “Dudamos que el resto de sindicatos que componen el Comité de Empresa del CC&CC de Bembibre puedan afirmar lo mismo”.
Consulta a los trabajadores canalizada por la intimidación y la desinformación
La crítica y denuncia del sindicato va más allá y califican como “deleznable que en las últimas semanas la dirección de empresa ha intentado establecer un compromiso con el comité de empresa para que no solo se respete el salario marcado en el actual Convenio de Empresa, sino que además se acuerde con urgencia un compromiso de renovación cuya firma se postergaría hasta 2018, año de extinción del vigente convenio”. CSIF se ha opuesto a esta propuesta “carente de base legal”, informan, siendo la única fuerza sindical del comité en expresar este rechazo.
Ante la oposición de CSIF, “que fue el sindicato más votado en las pasadas elecciones del mes de abril” aseguran que la empresa y el resto de sindicatos realizaron una consulta entre parte de los 440 trabajadores que actualmente componen el censo, en la que se consultaba si ‘estaban a favor de renovar el convenio para mantener los puestos de trabajo’, mediante unas papeletas que eran repartidas por los propios delegados sindicales, “intentando éstos orientar el voto de los trabajadores”. “Bajo nuestro punto de vista, coaccionaron a los trabajadores para que renunciaran a la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales con un nuevo convenio con la amenaza de mantener los puestos de trabajo”.
Con ello concluyen que “ante este tipo de coacciones” solicitan que “no se intente utilizar a los propios trabajadores para que atenten contra sí mismos”, y que si en el futuro se realiza una consulta válida entre los trabajadores que se haga proporcionando “información objetiva y siempre que se den unas condiciones apropiadas para que los trabajadores puedan opinar libremente, algo que obviamente a día de hoy no existe”.
