Ha terminado la vista y el Juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para I.R.G., de 35 años, después de los últimos acontecimientos que terminaron con el secuestro y agresión a su ex pareja. En esta fase de la instrucción, había sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de detención ilegal y quebrantamiento de condena derivado de violencia sobre la mujer. El Juez también se ha decretado el secreto de actuaciones.
El Fiscal, que ayer había pedido la práctica de nuevas pruebas para determinar si la pulsera telemática podía determinar su ubicación la noche del lunes, también pidió hoy prisión preventiva a la espera de Juicio. Fue después de escuchar la versión de la denunciante, que en un primer momento no quería prestar declaración por sentirse desprotegida aunque finalmente accedió a explicar al órgano judicial su versión de los hechos.
Las claves de la vista: el testimonio y la ropa del acusado
Según detalló la abogada, Emilia Esteban, el relato de la víctima fue “detallado y desgarrador” que obligó a la sala a hacer hasta dos paradas por el llanto. Aunque no conseguía recordar la ubicación exacta donde la habían dejado los supuestos cómpices de secuestro y agresión, sí consiguió recordar detalles de la ropa, como un pantalón de chándal del presunto agresor y unos playeros negros con bandas rojas.
La cuestión es que la víctima no conocía los detalles de su ropa, en concreto de los playeros por cuanto al preguntar al presunto autor de los hechos si tenía ese calzado con esas características y cuándo los compró, éste respondió afirmativamente y que los adquirió entre marzo y abril, “una de las veces que salió de prisión”, afirmó Esteban.
En el auto judicial, el magistrado destaca lo que apuntó el Ministerio Fiscal con “la coincidencia entre el relato de algunos extremos de la declaración de la denunciante y la entrada y registro efectuada en el día de ayer”.
Reconoce que “es cierto, que no existe una prueba directa de la participación del detenido en los hechos, pero también lo es que no se puede descartar su intervención ante los indicios y conocimiento de la víctima de detalles del lugar de detención ilegal que no tendría por qué“. “El detenido siempre ha negado haber participado en todos los hechos, pero los detalles de los hechos denunciados puestos en relación con los datos que no tendría por qué conocer la víctima nos deben llevar a no descartar la participación del investigado en los hechos“, todo ello sin perjuicio de una revisión ulterior en función de la evolución de la investigación.
En cualquier caso, el acusado negó los hechos, se reafirmó en que permaneció en su domicilio en la cama desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana.
Objetivo: identificar y localizar a los supuestos cómplices
Los supuestos cómplices siguen siendo el gran enigma y el objetivo prioritario para identificarlos y localizarlos. En la jornada de ayer la abogada reconocía que la única prueba era la versión, y que esa versión debía coincidir o aportar algún dato claro para poder determinar la implicación de I.R.G. Pero faltan los dos supuestos testigos que secuestraron a la víctima, independientemente de la autoría material, y quienes se encargaron luego de abandonarla en el barrio de la estación de Bembibre.
Emilia Esteban no duda en que este plan estaba “pensado”, por lo que actuó supuestamente “con premeditación”.
El Ministerio Fiscal entendió que estas declaraciones fueron suficientes para pedir el reingreso en prisión, algo en lo que coincidió el Juez que decretó prisión comunicada sin fianza (es decir, que puede mantener visitas con familiares u otras personas) a la espera de la celebración del Juicio.
La abogada de la víctima, Emilia Esteban, reconocía ayer en Bembibre que uno de los problemas de este caso es la demora en la celebración del Juicio, lo que motivó el pasado lunes la decisión de poner al acusado en libertad, aún con medidas preventivas como la pulsera.
El Juez ha tenido en cuenta el quebrantamiento de medidas cautelares, pero además el temor ante la posible ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes.
