La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, y el teniente de alcalde, Sigifredo Benavides, explicaron este miércoles en rueda de prensa las razones por las que el equipo de gobierno no acudió al Pleno monográfico para compensar el pago de tasas a la empresa Embutidos Santa Cruz de Montes tras el incendio de sus instalaciones. En concreto, advirtieron de las consecuencias jurídicas que, a su juicio, puede acarrear esta ayuda que, en cualquier caso, someterán a la valoración de la Junta de Castilla y León para valorar su procedencia.
El Pleno extraordinario se celebró sin la presencia de los concejales de PSOE y UPL y aprobó una ayuda de 175.000 euros para la empresa, después de que en meses anteriores se hubiera debatido cómo encajar legalmente una aportación municipal ligada a los costes derivados de la demolición y la reconstrucción. El acuerdo salió adelante con el voto de la oposición.
En su comparecencia, Cao defendió que la decisión de no acudir al Pleno no fue una “dejación” sino una decisión política para no respaldar un procedimiento que consideran jurídicamente inviable. “No acudimos por una cuestión de responsabilidad política”, aseguró, en concreto porque el equipo de gobierno “no está dispuesto a votar ilegalidades”, afirmó, insistiendo en que el gobierno municipal no quiere avalar acuerdos que puedan chocar con la legalidad o con los informes técnicos.
La alcaldesa situó el origen del conflicto en el planteamiento inicial tras el incendio: una ayuda municipal asociada al pago de tasas e impuestos derivados de las actuaciones necesarias para levantar de nuevo la fábrica. Según explicó, esa fórmula se encontró con un obstáculo, que fue el criterio de la Intervención municipal.
Cao sostuvo que la interventora advirtió de la imposibilidad de articular una subvención que, en la práctica, supusiera devolver tributos municipales. En ese contexto, la regidora citó una “sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2014”, tal y como en su momento trasladó la intervención municipal, por lo que defendió que “ese abono es ilegal”, al entender que se trataría de un mecanismo que encubriría una exención o bonificación no permitida por la normativa de haciendas locales.
“Fraude de ley” y “responsabilidad jurídica”
Benavides fue más contundente en su argumentación asegurando que “exonerar a alguien de impuestos es ilegal”, y añadió que cambiar el concepto formal de la ayuda, sin alterar su finalidad real, no solucionaría el problema. En su opinión, si se mantiene el objetivo de compensar tributos, la operación podría calificarse de “fraude de ley, porque de todas todas se sabía cuál era la finalidad de esa subvención y lo que estaba encubriendo”.
En la misma línea, Cao advirtió que asistir al Pleno y votar a favor supondría asumir riesgos legales: “estaríamos aprobando un acuerdo ilegal o en fraude de ley, con la responsabilidad jurídica que ello podría conllevar”, afirmó, defendiendo que el gobierno no está dispuesto a poner su firma en una decisión con ese nivel de incertidumbre jurídica.
La polémica del Pleno sin el gobierno
Otro de los puntos que el ejecutivo local quiso subrayar es lo ocurrido durante el Pleno monográfico. Según su versión, la oposición llevó una propuesta que, de acuerdo con lo que se había advertido previamente, iba a encontrarse con un “reparo” de Intervención.
Cao afirmó que la interventora “haría constar su reparo con efectos suspensivos” y que, ante ese escenario, durante la sesión se habría alterado el contenido del acuerdo para sortear el obstáculo.
La alcaldesa llegó a cuestionar la regularidad del procedimiento, afirmando que “lo que se votó… es nulo de pleno derecho porque no se puede modificar en el Pleno”, en referencia a cambios introducidos durante una convocatoria con un único punto en el orden del día.
Benavides resumió que “ahora lo que ellos han aprobado es pagar los impuestos y las tasas que después te los vamos a devolver con una subvención”, insistiendo en que, más allá del estas cuestiones, el efecto final sería equiparable a una devolución de tasas o impuestos.
Piden a la Junta pronunciamiento
Para despejar la controversia, la alcaldesa anunció que el Ayuntamiento remitirá el expediente a la Junta de Castilla y León, en particular a la Consejería competente en materia de Hacienda, para que se pronuncie sobre la legalidad y viabilidad del pago.
Al mismo tiempo, los responsables municipales trataron de separar el debate jurídico de la situación de la empresa. Insistieron en que su postura no es “contra” Embutidos Santa Cruz, y recordaron medidas de apoyo adoptadas tras el incendio, como la posibilidad de utilizar instalaciones municipales. Cao mencionó la cesión del “matadero municipal para que pudieran desarrollar en él su actividad”, como ejemplo de colaboración institucional mientras se buscaban alternativas.
