El ex concejal de Medioambiente en el Ayuntamiento de Bembibre y actual portavoz de la oposición, Manuel Ángel Rey, deberá comparecer el próximo 22 de enero en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ponferrada para dar explicaciones sobre los nichos del cementerio, según Diario de León. El edil ha sido citado en calidad de imputado a tenor de la denuncia presentada por el alcalde, José Manuel Otero, por haber autorizado unos días antes de concluir el anterior mandato electoral el pago de 12.900 euros por la construcción de 30 nichos que no se ejecutaron.
Según la denuncia del alcalde, se había solicitado presupuesto a dos empresas para la construcción de 45 nichos y se contrató con la oferta más alta, con una diferencia de 6.000 euros entre ambas. La empresa presentó una factura por importe de 19.487 euros y posteriormente un abono de 6.495 rebajando el número de nichos a 30.
La factura se emitió el día 8 de junio, en las postrimerías del gobierno de Esteban, conformada por el edil con anterioridad a la renovación de la Corporación. El abono se presentó el día 13 de junio, justo dos días después de la constitución de la nueva Corporación de José Manuel Otero.
El equipo de gobierno de Otero entendió que se trataba de una “contraprestación” para “pagar favores de partido” relacionando el hecho de que una persona de la empresa había integrado la candidatura socialista de 2011.
El pasado mes de enero, el ejecutivo local derivó el expediente al Juzgado para depurar las correspondientes responsabilidades.
Las fechas y el pago marcan la discrepancia
Los argumentos de una y otra parte giran en torno a las fechas y la renovación del equipo de gobierno. Y en este sentido, la interpretación que cada parte hace de los hechos es bien diferente. Cuando la polémica saltó a la luz, el entonces portavoz del equipo de gobierno y teniente de alcalde Roberto Fernández (que dimitió el pasado mes de julio) manifestó que la clave está en la conformidad de la factura (amén de otros aspectos como la supuesta solicitud de dos presupuestos que Rey nunca llegó a reconocer). Una conformidad que, según denunciaron los ‘populares’, no debió tener lugar en tanto en cuanto la obra hubiera sido ejecutada.
La versión de los socialistas, según declaró Manuel Ángel Rey en rueda de prensa posterior a la presentación de la demanda, es bien diferente. Rey reconoció entonces que se limitó a dar la conformidad a aquella factura pero que “eso no significa ni mucho menos que debiera pagarse”.
Reiteró que el pago nunca se hizo efectivo estando él en el gobierno municipal, sino el 15 de noviembre de 2011 cinco meses después de que Otero hubiera llegado a la alcaldía. Aseguró que su papel se limitó a recibir aquella factura, “conformar la factura presentada por la empresa, pero eso no significa ni mucho menos que debiera pagarse”. “Para pagar, según la Ley de Haciendas Locales, hay que aprobar el gasto y ordenar el pago, cosas ambas que son competencia del alcalde, delegable en la Junta de Gobierno Local y no en un concejal concreto. Por consiguiente, si yo cesé en mis responsabilidades de gobierno el 10 de junio de 2011, no he podido tener ninguna intervención en el pago de la factura”. Son declaraciones del pasado mes de enero.
Aseguró que la obra no se hizo porque la empresa estaba pendiente de la construcción de una solera que debió haber construido el Ayuntamiento. Y que incluso hubo una contacto entre la empresa y el Ayuntamiento advirtiendo de que faltaba este trámite.
Y negó que fuera necesario expediente por ser un contrato menor sin obligación de promover concurrencia pública, asegurando que fue “falso” que se adjudicara al precio más alto.
En cuanto a los favores políticos que le imputó el equipo de gobierno recordó que la empresa gestionaba “desde hace muchos años, al margen de colores políticos” la gestión del cementerio.
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