Abren diligencias contra el alcalde y Junta de Gobierno en la anterior legislatura por presunta prevaricación en la prórroga del contrato de la residencia y piscinas

El Juzgado de Instrucción nº8 de Ponferrada ha abierto diligencias por supuesta prevaricación administrativa del alcalde de Bembibre y los miembros de la Junta de Gobierno Local de la anterior legislatura por la prórroga a la empresa Clece del contrato de explotación de piscinas y residencia de ancianos.

Así lo puso de manifiesto el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de Bembibre, Manuel Ángel Rey, que recordó que el presunto delito parte de la anulación por el Juzgado Contencioso de León en noviembre de 2014 (ratificado por el TSJ el 15 de abril de 2016) para prorrogar aquel contrato de 11 de abril de 2013, que incluía además las piscinas de verano.

“Las piscinas climatizadas de Bembibre, que sólo cerraban en agosto, Otero aceptó cerrarlas desde junio a septiembre y para compensar un supuesto desequilibrio económico con Clece no tuvo mejor ocurrencia que adjudicarle a dedo las piscinas de verano, sin tramitar ningún expediente de contratación y sin ningún informe económico que justificase tal desequilibrio”.

Rey aseguró que “avisamos a Otero de la irregularidad que estaba cometiendo y del perjuicio económico que causaría al Ayuntamiento, pero Otero, en su línea de siempre, tiró para adelante sin escucharnos”. Así justifica la decisión de acudir al Juzgado “y las dos sentencias dictadas nos dieron plenamente la razón, porque descubren y deshacen el tinglado que Otero tiene montado con Clece”.

Prosiguió recordando que un año después no se ha dado cumplimiento a las sentencias, manteniendo el contrato que resultó ser anulado “y como no se da por enterado, no hemos tenido más remedio que presentar las sentencias en el Juzgado para que sea la Justicia la que le haga entrar en razón”.

Por lo pronto “ha resuelto imputar (o como se dice ahora, investigar)” tanto al alcalde como a los integrantes de la Junta de Gobierno de la anterior legislatura, “aunque Otero declarará en el TSJ acogiéndose a su condición de aforado”.

El ex portavoz del grupo municipal socialista hizo un repaso por aquellas sentencias que recogen que la prórroga implicó la modificación sustancial del contrato “es decir, evitaron que cualquier otra empresa pudiera licitar por el contrato”. Con una reducción del precio “sin motivación alguna y, en vez de restablecer el supuesto desequilibrio económico modificando las tarifas, como estaba previsto en el contrato originario, se cedió la explotación de las piscinas descubiertas, que no estaban incluidas, realizando una nueva adjudicación sin procedimiento alguno”. Asimismo, destaca que es “de especial gravedad” la ausencia de informes jurídico y económico sin la preceptiva fiscalización de los actos administrativos económicos. Concluye que el acuerdo entre entre las partes se basa en la estimación por el alcalde de un supuesto extraordinario de revisión y que “la connivencia entre Otero y Clece queda perfectamente demostrada para que nadie más supiera del negocio”.

El asunto fue objeto de recurso, con críticas por el PSOE ya que entienden que es “a sabiendas de que lo tenía perdido con el único objeto de que el contrato con Clece llegara a su vencimiento el 29 de abril de 2017”.

Los socialistas han pedido la dimisión de Otero como consecuencia de la imputación judicial “y pedimos al Partido Popular que depure las responsabilidades políticas en las Cortes de Castilla y León, donde es procurador”.