Victorino Alonso inicia el cierre del pozo Salgueiro que dejará en la calle a otros 35 trabajadores

“Causas económicas y productivas”. Con esta razón el empresario minero Victorino Alonso ha iniciado los trámites para dejar en la calle a los  35 trabajadores del Pozo Salgueiro, en Torre del Bierzo. La dirección de Uminsa ya ha comunicado a los sindicatos el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la última mina de interior del grupo empresarial en la comunidad autónoma.

A partir de este momento se abre el periodo de consultas durante los próximos 30 días, el último cartucho que le queda a los trabajadores. Una situación que llega justo un día después de que la dirección de la empresa también haya desvelado su intención sobre el futuro del ya emblemático pozo Santa Cruz del Sil, en donde cambiará la consideración del ERE suspensivo para los 70 trabajadores que pasarán a ser despedidos.

Este anuncio tiene lugar en un contexto en que la minería del carbón atraviesa el peor momento de su historia. Como si se tratase ya del último mazazo al sector, la decisión del grupo empresarial supone dejar en la calle a aquellas familias que durante más de cuatro meses lucharon en la calle por el futuro de sus puestos de trabajo y, por ende, por las nada despreciables subvenciones para sus empleadores.

En las últimas fechas se han producido varios movimientos por parte de los representantes de los trabajadores ante la posibilidad de que Alonso materializase estos ERES. Incluso los sindicatos y los comités de empresa estudian una unidad en la actuación para intentar frenar la pretensión del grupo. 

 

Alonso carga a los trabajadores los recortes contra los que pelearon con una huelga de cuatro meses

La popularidad de Victorino Alonso nunca ha sido bien valorada entre sus trabajadores. Con más motivo durante los últimos meses en que sus decisiones han dejado a cientos de mineros, en consecuencia, a centenares de familias, sin un sueldo que llevar a fin de mes.

El inicio de esta crisis parte del incumplimiento del Gobierno que recortó las ayudas al carbón en más de un 63%. En ese momento la minería paró en toda España donde los trabajadores salieron en masa a reivindicar un cambio en la política del PP, que se había erigido en campaña electoral como los defensores del sector.

Los empresarios apenas se dejaron ver en algunas manifestaciones, pero fueron los trabajadores quienes salieron a la calle a batallar contra las fuerzas de seguridad cortando carreteras y autovías para intentar que su voz se escuchase más allá de las fronteras españolas.

Después de cuatro meses de huelga por el incumplimiento del Gobierno con los empresarios, el primer golpe lo recibieron los trabajadores de Uminsa. Mientras los trabajadores del grupo Viloria volvieron al trabajo a principios de agosto, en el otro grupo empresarial los mineros advertían posibles intenciones oscuras de Victorino Alonso y exigieron un compromiso de que no habría despidos ni ERES. Al final, el paso del tiempo y una huelga que se prolongó durante cuatro meses provocó la división de los trabajadores y la desconvocatoria de la huelga.

Lo único que le quedó a los trabajadores fue aceptar las condiciones que marcó el grupo empresarial, que suponía una reducción de su salario entre 200 y 400 euros al mes.

Las Juventudes Comunistas emitieron un comunicado de prensa en que se refirieron a estas condiciones laborales que “el conglomerado empresarial propiedad del mafioso empresario Victorino Alonso quiere imponer”, cuestionando el papel del empresario y sus imposiciones para justificar la permanencia del empleo.

Luego llegaron los retrasos en el pago de las ayudas que había comprometido el Gobierno, a pesar de que el fin de la huelga estuvo marcado por el acuerdo de que el Ministerio procedería al pago de las ayudas debidas. Y el grupo Alonso tomó la primera medida que afectaría directamente a la comarca, el cierre del pozo Santa Cruz del Sil. Una medida que justificó por el recorte que la empresa llegó a calificar de drástica, dando a entender que no era posible mantener la actividad. Dejó en la calle una parte de la plantilla mientras que el resto, la mayoría de los trabajadores (el 70%) se incluyeron en un ERE. Aquel pozo fue escenario de varias reivindicaciones mineras, las últimas los dos encierros que se produjeron durante este verano.

2012 terminó con la especulación sobre el posible cierre del pozo Salgueiro, en Torre del Bierzo. Ahora se ha convertido en un hecho, por lo menos esas son las intenciones del empresario con la apertura de este ERE. Con esta decisión, Alonso deja en un contexto altamente delicado el futuro del sector minero en la comarca.

Los trabajadores ya habían advertido que Victorino Alonso pensaba cargar a la parte social los recortes del Gobierno. Precisamente a aquellos que lucharon en la calle contra las decisiones del Ministro José Manuel Soria y de Mariano Rajoy. Y es que si la situación económica es tan pésima como para acabar de esta forma con los trabajadores, para la reflexión queda preguntarse en qué momento Victorino Alonso repercutió a los mineros los beneficios en época de bonanza, cuando la mina recibió ingresos privados y las subvenciones públicas millonarias a lo largo de varias décadas.