La Junta mantiene una reunión con la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha mantenido una reunión con el titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, Luis Gracia, quien fue nombrado por el Parlamento autonómico el pasado 20 de junio. En él recae la responsabilidad de gestionar el nuevo canal externo de denuncias para entidades públicas, creado a propuesta de la Consejería de la Presidencia a través de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de 2024.

A través de esta institución, adscrita al Consejo de Cuentas, cualquier persona puede presentar comunicaciones sobre aquellas acciones u omisiones, por parte de entidades públicas de Castilla y León, que puedan infringir el Derecho de la Unión Europea, o que puedan constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave. El hecho de que este órgano pertenezca a una entidad independiente como el Consejo de Cuentas ahonda en la seguridad y la confidencialidad de los informantes.

Esta reunión ha servido para establecer una toma de contacto entre la Junta de Castilla y León y dicha autoridad independiente. Su objetivo es trasladar la experiencia que ya tiene la Consejería de la Presidencia a la hora de tramitar este tipo de comunicaciones a través de su propio canal interno de denuncias, adscrito, en este caso, a la Inspección General de Servicios cuya titular es María Otero Lucas, y que, desde mediados de 2023, recoge comunicaciones relativas a la actividad interna de la Administración autonómica.

Ambos interlocutores han reafirmado su intención de trabajar de forma independiente de cara a lograr un mismo objetivo: garantizar el cumplimiento de los estándares éticos y el arreglo a la ley de todos los procedimientos llevados a cabo en el seno de las administraciones públicas de Castilla y León, atendiendo todas las reclamaciones recibidas, trabajando con discreción y objetividad, y protegiendo siempre el anonimato y la seguridad jurídica de todas las personas implicadas.