Unión Progreso y Democracia en Castilla y León ha presentado en el registro de la Consejería de Sanidad una serie de propuestas que compensen a los enfermos crónicos por la imposición del copago farmacéutico de dispensación hospitalaria, en el caso en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falle en contra del recurso del Gobierno regional.
El texto, dirigido al consejero del ramo, solicita mantener la presión sobre el Ministerio de Sanidad a través del texto legal presentado por la Junta, y utilizar todas las vías legales, siempre desde el cumplimiento de la ley, para evitar o demorar su efecto lo máximo posible.
En el caso de que la resolución del TSJM resulte negativa, UPyD también plantea preparar el marco legal, normativo y técnico necesario para que los afectados por esta medida recuperen ese dinero a través del tramo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a la Junta de Castilla y León.
Por su parte, el coordinador territorial en funciones, Rafael Delgado, recuerda que su partido apoya el recurso, pero pide que la implicación del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera “vaya más allá” de las medidas legales y que utilice sus recursos “para evitar que en un derecho constitucional tan importante como la Sanidad haya ciudadanos de segunda categoría”.
“Si desde la propia Consejería se coincide en que el efecto recaudatorio es mínimo y la medida inapropiada – explica Delgado -, lo lógico es que la administración autonómica no aplique una medida que es inmoral y que allana el camino para la privatización de la gestión de Salud”. El responsable de la Gestora Territorial insiste en que “el compromiso con los enfermos debe ser mayor” y que si no actúan para paliarlo, esta discrepancia entre los Gobiernos central y regional “sólo va a ser un espectáculo para la galería”, concluye.
La formación magenta afirma que ya solicitó paralizar esta medida “por considerarla cruel, injusta e ineficaz”, y que pidió al departamento que dirige Antonio Sáenz Aguado que se demorase el cobro a los usuarios hasta que se resuelva el proceso administrativo, “decisión que la Junta ha adoptado y por la que este partido político muestra su satisfacción”.
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