Los pensionistas bercianos, al igual que los del resto del país, verán mermado su poder adquisitivo una vez que el Congreso apruebe, gracias a la mayoría absoluta del PP, la no revalorización de las pensiones. Mariano Rajoy alude una vez más a la “herencia recibida” para justificar este nuevo recorte a uno de los colectivos más vulnerables, y afirma que en sus planes está el volver a reconocer la revalorización de las pensiones “en cuanto podamos hacerlo”. Unas palabras que para el colectivo de pensionistas no son precisamente tranquilizadoras.
Además en este decreto se incluye también, hasta 2015, la suspensión del tope anual que el Gobierno puede retirar del Fondo de Reserva de las pensiones, que estaba establecido en un 3%, permitiendo un máximo igual al del déficit que sufra la Seguridad Social. Esto también ha provocado la crítica de la oposición, que acusa directamente al ejecutivo de Mariano Rajoy de querer desmantelar el estado del bienestar.
Pero si algo está consiguiendo el PP con su política de recortes sociales, es que diversos colectivos con grandes diferencias entre sí, terminen poniéndose de acuerdo. En este caso han sido los partidos políticos con representación parlamentaria, salvo el Partido Popular. Todas las formaciones políticas, tanto de derecha, de izquierda o de centro, se han puesto de acuerdo para interponer un RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra este decreto, al entender que vulnera el principio de irretroactividad de las leyes. La portavoz socialista Soraya Rodríguez explicó que “el decreto es una norma ilegal e inconstitucional, porque conlleva la aplicación retroactiva de las leyes, que está prohibida por la Constitución”.
De momento los pensionistas perderán en torno al 2% de poder adquisitivo, mientras tienen que hacer frente a la subida del IVA, a nuevas tasas e impuestos, al copago farmacéutico, y continuar siendo el soporte de muchas familias con todos sus miembros en paro.
