La Plataforma Berciana contra las Violencias Machista cree que las muertes, como las dos últimas de Rosa María Sánchez Pagán y Noelia Noemí, que eleva a 65 la cifra de víctimas por violencia machista durante este año – 57 mujeres y 8 niños- son solo la punta del iceberg, la parte más visible y estremecedora de esta vulneración de los derechos humanos que sigue produciéndose con demasiada frecuencia en nuestra sociedad y ello a pesar de la implantación desde 2004 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que supuso un logro social importante al dar un enfoque integral al problema de la violencia en el ámbito de la pareja heterosexual.
Sin embargo este enfoque integral, a juicio de la Plataforma, no siempre se ha llevado a la práctica. Si bien la coyuntura económica no ha ayudado a ello, a su entender “han pesado más las razones ideológicas que, en una situación de escasez de recursos, han optado por sacrificar absolutamente los destinados a políticas de igualdad”, así el principal, cuando no el único camino que se ha adoptado a nivel institucional para erradicar este tipo de violencia de género ha sido la vía penal, “lo que a nuestro modo de ver no sólo es insuficiente sino que muchas mujeres no se plantean la vía penal como única salida del problema”.
Denuncian también que se no se han aplicado las medidas educacionales o preventivas en los Centros Escolares y en todas las etapas educativas que la ley preveía, con la progresiva desaparición de los programas de coeducación que se habían implantado en dichos centros escolares, abandonado lo que consideran fundamental que es LA PREVENCIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD.
Además “han sido escasamente desarrolladas el resto de medidas asistenciales a las víctimas de violencia”.
Por lo que entienden que el plan de actuación que la Ley prevé en teoría no se ha cumplido más que en una pequeña parte. “Parecería que si bien la sociedad española y sus líderes han asumido el discurso contra la violencia de género, lo han hecho de modo superficial, sin convencerse de que el avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres es el único medio eficaz para reducir la violencia de género”.
Una de las carencias de la Ley Integral contra la Violencia de Género, añade la Plataforma, es que optó por una definición restringida del complejo problema cultural y social que es la violencia de género. Ésta, implica la vulneración de los derechos básicos de las mujeres, sea cual sea el agente que lo perpetre (Estado, comunidad, familia u otros), y dicha ley sólo se limita a abordar una pequeña parte: La violencia ejercida en las relaciones de pareja actuales o finalizadas, lo cual excluye obviamente todas las otras violencias machistas que provienen de otras relaciones u agentes: las agresiones sexuales por desconocidos, el acoso sexual, la prostitución forzada, la trata de mujeres y niñas, la mutilación genital… así como otras que provienen de otros miembros del círculo familiar (padres, hijos o hermanos).
Si bien esta violencia de pareja es la más grave y frecuente y en la que más esfuerzos hay que concentrar, la percepción social de la violencia contra las mujeres a menudo ha quedado reducida a los malos tratos en la pareja.
Como consecuencia del trabajo de demanda por parte de las organizaciones sociales de carácter feminista, el Parlamento y Senado han aprobado, sólo falta que sea ratificado y articulado por el Gobierno en el plazo de dos meses el Pacto de Estado contra la Violencia de Género el cual, entre otras medidas, contempla la ampliación del concepto violencia de género a otro tipos de violencia contra las mujeres como son: La trata, la mutilación genital, el matrimonio forzado, el acoso y la violencia sexual; y además contempla promulgar una ley contra las violencias sexuales y otra contra la trata de personas con fines de explotación sexual, también incluye un plan de acción para visibilizar la violencia sexual a través de recogida de datos y una macro encuesta, dado que este tipo de violencia sexual actualmente sufre la misma situación de invisibilidad que tenían los malos tratos en la pareja hace 30 años. Habla también de la necesidad de protocolos que actúen contra el acoso callejero o la violencia sexual en espacios públicos y de ocio y también durante fiestas populares, implicando a los Ayuntamientos para establecer puntos seguros y de información sobre violencia sexual en dichos espacios públicos Asimismo contempla la recuperación por parte de las Corporaciones Municipales de las competencias en promoción de Igualdad y violencia de género.
