El Ayuntamiento traslada al Juzgado un informe del secretario que advierte de posible «conducta delictiva» en el caso de los nichos

Otero y Fernández en rueda de prensa explicando sus argumentos
Otero y Fernández en rueda de prensa explicando sus argumentos

El portavoz del equipo de gobierno, Roberto Enrique Fernández, y el alcalde de Bembibre, José Manuel Otero, comparecieron este miércoles en rueda de prensa para dar a conocer su punto de vista sobre la querella presentada ayer por el portavoz socialista, Manuel Ángel Rey. Después de hacer una exposición sobre los hechos, Fernández concluyó que el Ayuntamiento da traslado al Juzgado del informe del secretario de la Corporación que apreció que el procedimiento seguido para el pago de los nichos “puede haber incurrido en conducta delictiva”.

Con estos argumentos, el concejal bembibrense y el alcalde no ocultaron su tranquilidad ante la querella presentada por Rey. “El señor Rey se siente injuriado, calumniado y difamado, y en base a ello presenta su querella”, expresó el portavoz del equipo de gobierno. “Simplemente diremos que cuando el Juzgado nos cite a declarar compareceremos ante el Juez y daremos ante su Señoría todo tipo de explicaciones. Pero quien realmente tiene que explicar su conducta ante el Juez es el señor Rey”.

La Junta de Gobierno del pasado 17 de enero acordó abrir expediente administrativo de reintegro en concepto de pago indebido contra la representante de la empresa a la que se abonó la factura por importe de 12.992,16 euros además de los intereses legales que procedan. En el mismo, la Junta de Gobierno acordó recabar el preceptivo informe del secretario del Ayuntamiento “por si la conducta seguida en dicho procedimiento fuera constitutiva de algún ilícito penal”.

Roberto Fernández declaró que en aquella Junta de Gobierno del 17 de enero la ausencia del secretario por vacaciones, sustituido por una funcionaria que hizo las veces de secretaria accidental, no permitió obtener aquel informe. En cualquier caso sí se exigió a la empresa la devolución del importe y sus correspondientes intereses por no haber efectuado el trabajo.

Pero en la jornada de ayer martes, la Junta de Gobierno recabó el informe del secretario de la Corporación municipal que deja constancia de la posible existencia de algún ilícito penal, aseguró el también teniente de alcalde, “pero es un informe interno que emite el secretario que se dará traslado al Juzgado, y será el que tenga que pronunciarse sobre si esa conducta incurre o no en delito”.

El Ayuntamiento remitirá la documentación al Juzgado competente incluyendo todas las actuaciones, además de anunciar que la administración local se personará con abogado y procurador designados al efecto “a fin de se depuren las responsabilidades en que se haya podido incurrir”.

Respecto al requerimiento de reingreso de cantidades a la empresa, ésta devolvió el pasado día 20 de enero el importe abonado en concepto de 35 nichos en el cementerio, quedando pendiente el pago de los correspondientes intereses. “El reintegro del principal indebidamente abonado ya ha sido efectuado, cumpliéndose una de las partes del acuerdo adoptado”.

El alcalde muestra la factura con la conformidad

Diferentes interpretaciones sobre la conformidad de la factura

Hay hechos coincidentes por ambas partes, tales como que existieron hasta dos facturas, una de ellas por importe de 19.487,70 euros para la construcción de 45 nichos, y un abono ulterior por importe de 6.495,09 euros que rebaja el número de nichos a 30 y, en consecuencia, el importe satisfecho es de 12.992,61 euros (contemplando la devolución).

También es constatable que la factura inicial se emitió el día 8 de junio de 2011, en las postrimerías del gobierno de Esteban en que Manuel Ángel Rey era concejal de Medioambiente en funciones. Fue conformada por el edil con anterioridad a la renovación de la Corporación.

El abono se presentó el día 13 de junio, justo dos días después de la constitución de la nueva Corporación de José Manuel Otero.

Los argumentos de una y otra parte giran en torno a las fechas y la renovación del equipo de gobierno. Y en este sentido, la interpretación que cada parte hace de los hechos es bien diferente. Pero la clave, a juicio de Roberto Fernández, está en la conformidad de la factura (amén de otros aspectos como la supuesta solicitud de dos presupuestos que Rey no llegó a reconocer).

Según explicó, la tramitación administrativa para el pago de una factura requiere de una serie de pasos con carácter previo al abono de la misma, y culmina con el denominado ‘Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación’ (ADO) que fiscaliza el interventor del Ayuntamiento, comprobando que existe partida presupuesta y que la factura está conformada. Ello “acredita que el suministro o la obra que se factura ha sido efectuado”.

“Lógicamente ni el interventor municipal, ni el alcalde, ni el tesorero pueden comprobar por sí mismos que todos los suministros, obras, servicios etc., de los miles de facturas que recibe el Ayuntamiento, han sido efectuados. Para eso está el trámite del conforme en la factura”, explicó Roberto Fernández, quien añadió que equivale a una orden de “páguese” pero que también, dijo, acredita la ejecución del trabajo o servicio.

“Precisamente en el trámite del conforme de la factura está la irregularidad”, insistió el portavoz del PP.

La versión de los socialistas, según la versión de Manuel Ángel Rey en rueda de prensa posterior a la presentación de la demanda, es bien diferente.  Rey reconoció que se limitó a dar la conformidad a aquella factura pero que “eso no significa ni mucho menos que debiera pagarse”.

El portavoz del PP manifiesta que no le imputó delito a Rey

Roberto Fernández negó que hubiera imputado delito alguno a Manuel Ángel Rey tanto en las entrevistas concedidas como en el comunicado de prensa en que pidió la dimisión del portavoz de la oposición por “utilizar fondos públicos para pagar favores de partido” al frente de la concejalía. El portavoz del PP aseguró este martes que “nadie le imputó el haber cometido el delito. Simplemente se dijo que había conductas que nos parecían impropias o irregulares”.

“Nadie salvo él ha hablado de delitos, para eso están los Juzgados, y el señor Rey tendrá ocasión de explicarse ante el Juez y no precisamente en calidad de querellante”.

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