El Congreso aprueba una PNL para exigir el incentivo al consumo de carbón nacional frente al importado

La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados aprobó ayer miércoles la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista para exigir el incentivo al consumo de carbón nacional. La PNL del PSOE recibió el respaldo de Podemos y Foro Asturias con 20 votos frente a las 19 abstenciones del PP y Ciudadanos. Los catalanistas de DL y ERC sumaron los únicos tres votos en contra.

La diputada socialista por León Aurora Flórez se alegró de que la dimisión del ministro de Industria, el “principal verdugo de la minería”, José Manuel Soria, salpicado por los papeles de Panamá, “haya supuesto un pequeño viraje en la política del PP y del Gobierno de Rajoy; antes votaban en contra de la aplicación de incentivos al consumo de carbón y ahora, al menos, se abstienen”. Sin embargo, criticó la intervención del ponente del PP, Juan Bravo: “El PP sigue teniendo el cuajo de atribuirse el último Plan del Carbón 2013-2018, que lleva incumpliendo desde el minuto uno, y proyectos de futuro como el de la CIUDEN, que mantiene trabando desde que Rajoy llegó a la Moncloa”.

La iniciativa aprobada este miércoles se presentó el pasado 7 de abril, tras el encuentro mantenido por diputados socialistas de las zonas carboníferas con representantes de los sindicatos mineros SOMA-FITAG-UGT y CCOO y de la patronal Carbunión, para abordar la crisis de supervivencia por la que atraviesa el sector. El PSOE, a instancias de las federaciones socialistas afectadas por la crisis de la minera y en especial de la leonesa, ya había presentado con motivo del debate de los Presupuestos Generales del Estado, una enmienda para incentivar el consumo de carbón nacional a través de la fórmula del denominado ‘céntimo verde’, que fue rechazada por la entonces mayoría absoluta del PP.

La iniciativa presentada se basa en la resolución del Parlamento Europeo que trata de hacer competitivo el carbón autóctono y consiste en aplicar una bonificación tributaria al carbón que cumpla con requisitos medioambientales y de mantenimiento de puestos de trabajo. Desde el 1 de enero de 2013 se aplica en España el Impuesto Especial sobre el Carbón, que grava al mismo tipo el carbón comunitario y el carbón importado desde fuera de la Unión Europea. La propuesta consiste en bonificar el impuesto al carbón producido por empresas que cumplan requisitos medioambientales. Según la PNL socialista, estos requisitos medioambientales consisten en que las empresas extractoras de carbón se encuentren sometidas a la normativa europea que regula aspectos como la evaluación medioambiental de las minas y la gestión de los residuos.

“Para evitar que la bonificación sea contraria a los compromisos de la Unión Europea con el resto de países del mundo en materia de libre comercio, se prevé que las empresas situadas fuera de Europa puedan aplicarse la bonificación, siempre que demuestren que están sujetas a una normativa medioambiental similar a la europea”, señala el texto de la moción.

La propuesta prevé que la bonificación se aplique con carácter transitorio hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en que cambiará de forma sustancial el marco legal aplicable a la minería del carbón. “Por otro lado, la situación en la que se encuentran en estos momentos las explotaciones de carbón hace que sea conveniente que la medida sea aplicable cuanto antes dada la situación del sector”, señala el PSOE en su PNL.

La puesta en marcha de la bonificación servirá para garantizar los puestos de trabajo de las personas empleadas en las empresas mineras y también en las empresas auxiliares de la minería. “El carbón nacional será competitivo en precio con el carbón importado, por lo que se reactivará la demanda, ya que las empresas que gestionan centrales eléctricas comprarán este carbón nacional”, argumenta, al tiempo que añade: “La medida no provocará incrementos en el coste del combustible que adquieren las centrales eléctricas. Como consecuencia, no se incrementará el precio de la electricidad que pagamos todos los consumidores”.