CC.OO. pide una auditoría de la Fiscalía para conocer la realidad de Coto Minero Cantábrico

El Secretario de Industrias Extractivas de Comisiones Obreras en León, Omar García Álarez, hace el siguiente análisis sobre la situación de la empresa Coto Minero Cantábrico, perteneciente al Grupo Alonso, y pide la intervención de la Fiscalía para que, a través de una auditoría, se pueda valorar objetivamente la realidad de la situación económica de la empresa, y la proporcionalidad de las medidas hacia los trabajadores:

Finalizado el conflicto minero del año 2012, la empresa Coto Minero Cantábrico se ha marcado el objetivo de modificar las condiciones laborales de sus trabajadores.

La desproporción en las medidas planteadas por la parte empresarial ha imposibilitado que la representación de los trabajadores hayamos podido llegar a ningún acuerdo, a pesar de dar suficientes muestras de nuestra voluntad de negociar y consolidar unas bases que garanticen la viabilidad de la entidad así como el empleo.

Dada esta situación, Coto Minero Cantábrico procedió al chantaje e intimidación, dando inició a un expediente de extinción de contratos que afectaba con el despido de 169 trabajadores de la explotación minera de interior en Cerredo; dicho expediente fue recurrido judicialmente por el comité de empresa y el TSJ de Asturias falló en sentencia reconociendo la nulidad de los despidos.

Contrariada con los resultados, la empresa solicita voluntariamente entrar en concurso de acreedores, aduciendo razones económicas y aportando balances alejados de la realidad. Dentro del proceso concursal, la parte social hemos mantenido fructíferas negociaciones con los administradores concursales, valorando el acuerdo con los mismos de manera provechosa y positiva para establecer la viabilidad de Coto Minero Cantábrico.

El día 5 de Septiembre la asamblea de trabajadores deja claro ante las organizaciones sindicales el total rechazo a la última propuesta presentada por la empresa y la decisión de la asamblea de no someter a votación la misma.

Desde CCOO entendemos que la solicitud de liquidación de Coto Minero Cantábrico ante el Juzgado Mercantil Nº5 de Madrid es un desatino desde el punto de vista empresarial, se encuentra fuera de contexto y más parece la rabieta de la dirección de la compañía que una actitud diligente de defensa de la misma. Creemos necesaria una nueva gestión, donde impere la sensatez, se busque la viabilidad de la sociedad y conduzca a la estabilidad en el empleo.

Factor fundamental para un desenlace positivo de la situación sería, en línea con la exigencia de esta organización sindical, la realización de una auditoría por la Fiscalía a Coto Minero Cantábrico entre el periodo 2006-2012 para poder valorar objetivamente la realidad de la situación económica actual y la proporcionalidad de las medidas hacia los trabajadores.

De no ser así, continuaremos con el oscurantismo en los datos y cifras, mostrando escenarios que no se corresponden con la realidad, dado que ocultan detalles y muestran solo aquello que interesa a la parte empresarial para la consecución de sus propósitos bárbaros y demoledores. Tras subsistir hasta nuestros días gracias a los esfuerzos y sacrificios de los trabajadores y al apoyo social, este grupo empresarial, toma un rumbo desquiciado, con decisiones delirantes que si no se reconducen incapacita para la gestión de cualquier negocio a los responsables de tamaña locura. Es necesaria la implicación de las Administraciones para buscar la supervivencia de las fuentes de empleo y actividad en las localidades donde radica la empresa, y así lo exigimos, para que, de no retornar a la normalidad y buscar soluciones aceptables, válidas y creíbles, se ponga en marcha la maquinaria estatal con el imperio de sus competencias, retirando de inmediato las concesiones de titularidad pública, no olvidemos que aun siendo empresa privada trabaja con recursos públicos como lo son los minerales que se encuentran en el subsuelo y superficie de montes y terrenos, y se pongan en manos de quien garantice el aprovechamiento de tales reservas. De no dar este paso, el Estado, por medio de sus Gobiernos Autonómicos y Estatal, aún tiene en su mano la gestión directa como garantía de los acuerdos estatales para la minería actuales y futuros, conscientes de que nos encontramos ante una situación de emergencia local, regional y estatal.