Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Ponferrada, en colaboración con la Fiscal de Extranjería e Inspección de Trabajo, han procedido a la detención de dos hombres como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores a los que coaccionaban y amenazaban obligándoles a realizar jornadas maratonianas de más de 10 horas con la presión de si no aceptan ser despedidos.
En la investigación que se lleva a cabo se detectó, que en la empresa se estaba utilizando a personas que se encontraban en situación irregular en España para realizar diversas labores de recolección de uva en zonas de Galicia, El Bierzo y Portugal. Las condiciones laborales de los trabajadores consistían en jornadas de diez horas de trabajo, durmiendo en colchones en el suelo y coaccionados para rendir más bajo la amenaza de pérdida del trabajo ejerciendo sobre los mismos un férreo control aprovechándose de la situación de necesidad en la que se encontraban.
Se preparó un dispositivo en colaboración con la Fiscal de Extranjería y la Inspección de trabajo, en el que se procedía a intervenir en los almacenes de la citada empresa a primeras horas de la mañana.
En la intervención, se localizó a ocho trabajadores, todos ellos extranjeros y de los cuales seis se encontraban en situación irregular en España. Se procedió a la detención de estos seis trabajadores por infracción de la Ley de Extranjería que a su vez prestaron declaración en las dependencias policiales. De sus manifestaciones se desprende que dicho empresario contactaba con personas extranjeras en situación irregular y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad les ofrecía la posibilidad de trabajar sin contrato.
La situación de necesidad económica les lleva en muchos casos a aceptar cualquier situación laboral que se les imponga sin jornadas de descanso incluso con reprimendas ante cualquier protesta.
La operación policial está enmarcada en la operación “JAD AGRICULTURAL SECTOR 2023”, que se realiza a nivel nacional. Los detenidos por estancia ilegal, tras prestar declaración voluntaria e incoarse el oportuno expediente gubernativo y a la espera de resolución fueron puestos en libertad. Finalizadas las diligencias policiales todo lo instruido fue remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia.
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