El incendio de Castropodame retrocede. Los vecinos han regresado a sus casas y las llamas han dejado de amenazar sus pueblos.
Magnífica noticia.
Pero que nadie pretenda que, con el humo, desaparezcan también las preguntas.
Porque apagar el fuego no extingue las responsabilidades políticas.
Y hoy quiero dirigirlas directamente al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Señor Mañueco, ¿qué tiene que ocurrir para que su Gobierno comprenda que los incendios forestales no empiezan cuando alguien llama al 112?
Empiezan meses antes.
Empiezan en invierno.
En la limpieza que se hace y en la que no se hace. En los caminos forestales que se mantienen y en los que se abandonan. En los cortafuegos. En los desbroces. En la gestión del combustible vegetal. En las cuadrillas disponibles. En sus condiciones laborales. En la vigilancia. En la planificación.
En definitiva, empiezan en los despachos.
La Junta presentó este año un operativo contra incendios que ronda los 5.000 profesionales y los 160 millones de euros. Sobre el papel, las cifras impresionan.
Pero el monte no entiende de ruedas de prensa.
Y el fuego tampoco.
Hace apenas unas semanas, CSIF denunciaba una prevención prácticamente inexistente y reclamaba precisamente el cambio estructural que, según el sindicato, todavía no se ha producido.
Después llegó Castropodame.
Y ocurrió lo que llevamos demasiado tiempo temiendo.
El fuego comenzó en Villaverde de los Cestos y acabó amenazando directamente a Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.
Dos pueblos evacuados.
Cerca de doscientas personas obligadas a abandonar sus casas.
La UME movilizada.
Y una alcaldesa, Pepi Álvarez, diciendo públicamente algo tremendamente grave: que los medios no habían sido suficientes durante las primeras horas y que nunca debería haberse llegado al extremo de evacuar dos pueblos.
¿Miente la alcaldesa, señor Mañueco?
Porque si miente, dígalo.
Y si no miente, explique qué falló.
Explíquenos por qué un incendio iniciado por la tarde llegó a la noche amenazando viviendas.
Explíquenos qué medios fueron movilizados durante las primeras horas.
Cuántos.
A qué hora.
Desde dónde.
Cuánto tardaron en llegar.
Y, sobre todo, explique qué trabajos preventivos había realizado previamente la Junta en el territorio que terminó ardiendo.
Con nombres.
Con fechas.
Con hectáreas.
Con presupuesto.
Porque estamos cansados de cifras autonómicas gigantescas que después resultan imposibles de encontrar cuando uno mira el monte que tiene delante.
No nos diga solamente cuánto gasta Castilla y León.
Díganos cuánto se invirtió aquí.
En Castropodame.
En nuestros montes.
En los lugares por los que avanzaron las llamas mientras nuestros vecinos metían precipitadamente cuatro cosas en una bolsa y abandonaban sus casas sin saber si volverían a encontrarlas en pie.
Esa es la auditoría que necesitamos.
Y existe otra pregunta todavía más incómoda.
Si el incendio requirió finalmente bulldózeres, autobombas, cuadrillas, medios aéreos, agentes medioambientales, técnicos y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, ¿por qué semejante capacidad de respuesta no consiguió impedir que el fuego llegara a amenazar dos núcleos habitados?
No cuestiono a quienes combatieron las llamas.
Todo lo contrario.
Mi gratitud y mi respeto absoluto para los bomberos forestales, agentes medioambientales, cuadrillas, pilotos, maquinistas, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, UME, voluntarios y cuantos se enfrentaron al fuego.
Ellos no son el problema.
Ellos son quienes terminan pagando las consecuencias del problema.
Porque resulta obsceno exigir heroísmo cada verano a los trabajadores mientras desde los despachos se pretende convertir cada incendio en una fatalidad meteorológica.
Hacía calor.
Soplaba viento.
El monte estaba seco.
¿Y qué esperaban ustedes encontrar en julio?
¿Nieve?
Precisamente porque sabemos que habrá calor, sequedad, viento y vegetación combustible existe la obligación política de anticiparse.
Eso se llama prevención.
Gobernar no consiste en aparecer cuando el monte ya está ardiendo.
Gobernar consiste en procurar que cuando alguien arroje una chispa, una máquina provoque accidentalmente un fuego o un rayo alcance el monte, esa llama encuentre un territorio gestionado y un dispositivo capaz de impedir que termine obligando a evacuar un pueblo.
Lo demás es administrar catástrofes.
Y Castilla y León ya ha administrado demasiadas.
Por eso, señor Mañueco, no venga ahora únicamente a hablarnos del éxito de la extinción.
Explíquenos el fracaso previo que hizo necesaria semejante extinción.
No queremos fotografías junto a un puesto de mando.
Queremos monte gestionado.
No queremos declaraciones solemnes después del incendio.
Queremos prevención antes del incendio.
No queremos homenajes permanentes a quienes se juegan la vida apagando fuegos.
Queremos que dispongan durante todo el año de medios, estabilidad, planificación y recursos suficientes para no tener que jugarse la vida de esa manera.
Castropodame ha tenido suerte dentro de la desgracia.
Las casas siguen en pie.
Nuestros vecinos han regresado.
El monte, en cambio, guardará durante años las cicatrices.
Pero imaginemos por un instante que el viento hubiera cambiado.
Que las máquinas hubieran llegado unos minutos después.
Que aquella lengua de fuego hubiera entrado en Turienzo.
Entonces estaríamos hablando de otra cosa.
Y una política responsable no puede depender de que cambie el viento.
Por eso esta vez no basta con respirar aliviados.
Esta vez hay que exigir respuestas.
¿Qué prevención se realizó?
¿Qué falló?
¿Faltaron medios durante las primeras horas?
¿Por qué?
¿Quién tomó las decisiones?
¿Y qué piensa hacer la Junta para que dentro de unas semanas no tengamos que escribir exactamente el mismo artículo desde otro pueblo de Castilla y León?
Conteste, señor Mañueco.
Porque el incendio de Castropodame terminará extinguiéndose.
Pero hay algo que ningún helicóptero puede apagar.
La responsabilidad política.
Nicanor García Ordiz
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