El Gobierno de España, a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), realizará unas jornadas en abril para informar sobre el desarrollo del trabajo de los convenios de transición justa. Así se lo hizo saber ayer la directora de este instituto, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Laura Martín, a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en una reunión de trabajo celebrada en la tarde de ayer en Madrid.
El objetivo principal de esta reunión era analizar la marcha de las inversiones que el Ejecutivo español está realizando en las zonas de transición justa de Castilla y León y las previsiones de futuras actuaciones, sobre todo, según ha recordado Barcones, “por las ayudas que van a llegar del Componente 10 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto que España ha sido el único país de la UE que ha incluido la transición justa en su Plan de Recuperación”.
El 6 de abril se celebrará en Bembibre la jornada sobre el convenio de transición justa (CTJ) de Bierzo-Laciana. El día 20 de abril se realizará la jornada sobre el CTJ de la Montaña Central Leonesa- La Robla en La Robla (León). Y al día siguiente, el 21, la correspondiente al CTJ de Guardo-Velilla, en este caso en la localidad palentina de Velilla del Río Carrión. Más adelante, en septiembre, habrá una nueva jornada informativa, en este caso sobre el CTJ de Garoña (Burgos).
Los objetivos principales de estas jornadas en el territorio es comunicar el trabajo que se está realizando, visibilizar los proyectos ya en marcha y apoyados financieramente e informar sobre las líneas de ayuda y los instrumentos que se han desarrollado para dinamizar económicamente las zonas de transición justa.
Según Martín “estas jornadas en el territorio y en formato presencial son una actividad que le debíamos a las personas que han participado y están participando en la construcción de los convenios de transición justa. Aunque hemos mantenido múltiples encuentros y tenemos muy buena interlocución con las distintas administraciones y agentes locales, hasta ahora, por motivos evidentes, jornadas presenciales eran complicadas realizar”.
“Queremos explicar”, ha continuado señalando la directora del ITJ, “todo el trabajo que estamos realizando y visualizar el trabajo que están realizando también empresas y ayuntamientos y que estamos apoyando desde el Instituto para la Transición Justa y queremos recoger más propuestas y demandas de agentes sociales y de las personas que viven y trabajan en estos territorios”.
Tres proyectos de restauración de minas
Otro de los temas que se trataron fue la marcha de los proyectos incluidos en el Plan de Restauración, que supone una inversión por parte del Gobierno de España, de casi 68 millones de euros y la creación de alrededor 190 empleos para los próximos 3-4 años, lo que se estima que duren las obras.
Los tres proyectos de restauración afectan a la Gran Corta de Fabero, la restauración ambiental de espacios mineros de los términos municipales de Torre del Bierzo y Villagatón y la restauración ambiental de espacios mineros Casares-Ladil-Charcón, en Igüeña, que supondrán la restauración de más de mil hectáreas.
Según Barcones “son obras de un interés público indudable por la necesidad de afrontar los problemas medioambientales donde se descontaminan terrenos para poder desarrollar nuevas actividades sin poner en riesgo la salud de las personas, recuperan recursos naturales de las zonas degradadas, también para usos socio-económicos, se mitiga el impacto de las explotaciones mineras y descontaminan los cauces fluviales y masas de agua”.
“Además”, en palabras de la delegada, “es una apuesta del Gobierno de España para dinamizar el empleo a corto plazo. Estamos a la espera de que la Junta de Castilla y León formalice los contratos con TRAGSA y así comience la contratación de los trabajadores para llevar a cabo estos proyectos”,
Según se informó, la firma de los correspondientes convenios con la Junta de Castilla y León fue realizada el 30 de noviembre de 2021 y la transferencia de la primera anualidad por parte del Instituto para la Transición Justa fue realizada a finales de 2021. Se transfirieron a la Junta 42 millones de euros. La contratación y ejecución de las obras es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
