Castropodame pide a la Junta la rehabilitación de una vivienda en Matachana para alquiler social

El Ayuntamiento de Castropodame recibe este jueves la visita de técnicos de la Junta de Castilla y León para analizar la posibilidad de rehabilitar una vivienda con destino al alquiler social en Matachana. El coste estimado de la rehabilitación del inmueble oscila entre 35.000 y 40.000 euros (según las previsiones) que asumiría la Junta de Castilla y León.

Así lo puso de manifiesto el alcalde, Román Díaz, con motivo de la sesión plenaria en la que dio cuenta de los detalles a los integrantes de la Corporación Municipal de esta medida con la que el Ayuntamiento pretende facilitar el acceso a una vivienda en situaciones de necesidad. “Tendremos que hacer una ordenanza para ver qué personas pueden optar a esa vivienda”, destacó, pero en un primer momento el objetivo es conseguir la implicación de la Junta.

“Hemos mantenido conversaciones con Juan Carlos Suárez Quiñones dado que tenemos familias que necesitan una vivienda de alquiler social, y se comentó la posibilidad de arreglar una vivienda”. En un primer momento se planteaban opciones en Calamocos, Matachana y San Pedro, y finalmente el equipo de gobierno se decantó por Matachana, que se encuentra en el inventario y necesita de una actuación para su rehabilitación: “si continúa en el estado actual va a terminar cayéndose”, reconoció el primer edil.

El arquitecto de la Junta visita este jueves el emplazamiento concreto para analizar las posibilidades de actuación, ya que sería la Junta de Castilla y León la que financiaría íntegramente la actuación necesaria, recalcó el regidor.

Remanente de más de 400.000 euros

En la sesión plenaria, el alcalde dio cuenta del remanente de tesorería, que se eleva por encima de los 400.000 euros, destacando que “el Ayuntamiento está totalmente saneado, con un remanente de 400.000 euros”. A pesar de este ahorro, la Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite reinvertir esta cantidad en actuaciones municipales, por lo que Díaz lamentó que “con todas las leyes no se pueda gastar en obras que nos gustaría, pero tiene que estar en la hucha no sabemos con qué finalidad”.

También puso de manifiesto el periodo medio de pago a proveedores, que está 22 días, por debajo del periodo que establece la Ley de 30 días naturales desde la presentación de facturas o certificaciones de obras. “No debemos nada y estamos totalmente saneados”, declaró Román Díaz.