El grupo de municipios en defensa del ferrocarril pide a Renfe y la Junta escuchar las miles de voces en contra de los recortes

El Grupo de Municipios en Defensa del Ferrocarril han requerido públicamente para una reunión urgente a los máximos responsables de los recortes, por parte de la compañía ferroviaria Renfe, Pablo Vázquez Vega, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, quienes no han contestado a este requerimiento planteado de manera oficial desde hace semanas.

Los alcaldes de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas; Torre del Bierzo, Gabriel Folgado; Villagatón-Brañuelas, Carolina López; y Magaz de Cepeda, Mariló Maroto; con el apoyo de la federación SMG-UGT de León, consideran esencial que los máximos responsables de los recortes ya aplicados en las paradas, trenes y servicios de sus estaciones “escuchen la voz de miles de leoneses” de estos y otros muchos municipios y comarcas de la provincia que se han manifestado de manera masiva en las últimas semanas contra su aislamiento a causa de las graves decisiones adoptadas.

Los regidores insisten en que la alternativa de los autobuses que ha defendido la Junta de Castilla y León para la población afectada, que potencialmente estiman en no menos de 50.000 personas, es “un parche nefasto”. Calculan que muchos de los trayectos propuestos llegan a superar las dos horas de “viaje en malísimas condiciones” para llegar a la capital leonesa o casi una hora para enlazar con Astorga.

En sendas reuniones, los integrantes de este grupo municipal esperan tener ocasión de rebatir las “irrisorias y falsas” cifras oficiales de usuarios reales del tren –por ejemplo, 7 pasajeros al año desde la estación de Torre del Bierzo- con las que la compañía y la institución han justificado los recortes, fruto de “un plan de casi dos años para negarse a expedir los billetes” que arrojarían una cifra real.

Y también insistir en que “la necesidad, casi la obligación de una ordenación del territorio racional” que garantice los derechos de acceso a servicios públicos de los habitantes del mundo rural, en atención a “una rentabilidad social que debería estar muy por encima de la estricta rentabilidad económica”, mantienen.

Por último, los municipios movilizados por este problema (entre los que no se encuentran Bembibre y Congosto, también afectados) acordaron mantener “cuantas medidas estén en nuestra mano para recuperar este servicio esencial”, después del respaldo obtenido en las tres manifestaciones convocadas, en Brañuelas, Veguellina de Órbigo y León capital, con una afluencia masiva de personas que da buena cuenta del apoyo vecinal y el convencimiento de la necesidad de revertir la actual situación.

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