Día Internacional de los Desaparecidos

El 30 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Desaparecidos. En España, segundo país del mundo en número de desapariciones después de Camboya, hay 114.226 hombres y mujeres que permanecen en fosas comunes, algunas con más de mil personas dentro, sin haber sido identificados y enterrados dignamente por sus familias, según recuerda la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

El Estado español ha ratificado todas las resoluciones y convenciones sobre la desaparición forzada que se han planteado en la Asamblea de la ONU, así como las convenciones dirigidas a la erradicación de los desaparecidos. Pero mientras en la transición existieron comisiones en el Congreso y en el Senado sobre los desaparecidos españoles en Chile y Argentina, las víctimas de la dictadura, se lamenta la ARMH, siguen muriendo a la espera de un Gobierno que se comprometa sin excepciones con los derechos humanos.

Se trata de un problema, en palabras de esta asociación, que durante la transición se quiso barrer bajo la alfombra de la historia y que en el año 2000 comenzó a desvelarse en toda su extensión cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevó a cabo la primera exhumación científica de una fosa de víctimas de la represión franquista en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo.

“Desde  el año 2000 se han llevado a cabo cerca de 300 exhumaciones de fosas, en las que se han recuperado 6.200 cuerpos. Esa labor se ha llevado a cabo, en el caso de la ARMH, gracias al esfuerzo y los recursos de más de 700 voluntarios, de veinte nacionalidades, que en estos quince años han sentido la responsabilidad de ayudar a las familias de la represión franquista”.

Las víctimas de la dictadura del general Franco viven además un maltrato humillante por parte del Estado, según afirma la ARMH, “que mantiene calles y monumentos enalteciendo a responsables de la represión de la dictadura, que renuevan títulos nobiliarios concedidos por el dictador a criminales de guerra (Mola, Queipo de Llano,…) y que obliga a las víctimas a pagar con sus impuestos la tumba mausoleo del dictador que por no aceptar el resultado de unas elecciones democráticas orquestó y dio un sangriento golpe de Estado que duró tres años y que asesinó a miles de civiles a los que se negó sepultura digna, acta de defunción y a cuyos familiares se persiguió y castigo durante cuarenta años de dictadura y han estado desasistidos por el Estado durante cuarenta de democracia”.

La ARMH ha visto recientemente cómo la Fiscalía General del Estado no veía causa por la que investigar en las pruebas presentadas sobre delitos de apología, enaltecimiento y negacionismo de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. El mismo Estado que rechaza cualquier investigación para dilucidar la desaparición de 114.226 civiles y que no protege a las víctimas, actúa en otros casos de oficio, recuerda la asociación. “Esa doble vara de medir no puede formar parte de un gobierno democrático que debe atender a las víctimas de graves delitos sin excepciones”.

 

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