El Juez decreta prisión incondicional sin fianza para Marcos Martínez

La defensa del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, detenido en lunes en la Operación Púnica, no ha servido para que el Juez Eloy Velasco decretase prisión incondicional sin fianza para el político leonés. El auto del magistrado contempla que Martínez puso en marcha supuestamente procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas al empresario conseguidor Alejandro de Pedro Llorca.

Con este proceder, según desarrolla el auto, el objetivo no era otro que el político pudiera “continuar como presidente de la Diputación de León”. Es más, que Martínez “tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude”.

Aunque el aún presidente de la institución provincial defendió su inocencia avalado por su trayectoria, el Juez ha considerado a Martínez Barazón como uno de los más altos implicados. En primer lugar lo hizo reservando la declaración para hoy jueves, el último día previsto, de tal modo que irían desfilando por el juzgado por orden de menor a mayor implicación. Es más, las penas de prisión han ido recayendo en los últimos imputados, entre ellos Marcos Martínez y el que se considera como el cabecilla de la trama, Francisco Granados.

De hecho, la red de tráfico de influencias se apoyaba en un entramado empresarial muy concreto que obtenía irregularmente los contratos y servicios mediante el uso de influencias y la corrupción de ediles municipales, funcionarios y técnicos, a cambio de dinero o ventajas particulares.

Esperando la dimisión del presidente de una institución desgobernada por un preso

Una vez se ha conocido la implicación de Marcos Martínez, se espera un pronunciamiento inmediato por parte del Partido Popular que, como habían anunciado en estas fechas de atrás, sería, por un lado, la expulsión, y por otro exigir la dimisión de sus cargos. De hecho, ahora mismo la Diputación de León, institución que hasta ayer mismo se jactaba de ser reconocida por su transparencia tal y como publicó Bembibre Digital el lunes (anuncio que ya no figura en la portada) es una administración completamente desgobernada con su presidente en la cárcel. Por lo pronto la Junta ha pedido que dimita de inmediato, aunque las dudas surgen con el proceder en caso de que no lo hiciera, o no lo hiciera con la máxima celeridad.