UPyD dice que no hay transparencia si la Junta no presenta las retribuciones completas de los procuradores

Unión Progreso y Democracia en Castilla y León urge a la Junta a que haga públicas las distintas retribuciones – detalladas y desglosadas – de los procuradores de las Cortes regionales, a la luz de las últimas informaciones publicadas y en respuesta a los reiterados anuncios en materia de transparencia por parte del Ejecutivo autonómico.

De hecho, la formación magenta ha vuelto a pedir por Registro a la Mesa de las Cortes la presentación del desglose de los gastos de los parlamentarios regionales como ya hiciera en junio del pasado año. “Más de doce meses en los que la Mesa no ha ofrecido ninguna información estos gastos que soportan los ciudadanos a través de sus impuestos”.

A este partido le llama la atención que una institución que obtiene la mayor nota en el ranking de Transparencia Internacional (TI) no dé cuenta del dinero que perciben los 66 representantes públicos que no cobran un sueldo fijo, que según algunas publicaciones reciben cada mes entre 600 y 1.500 euros mensuales dependiendo del grupo político al que pertenezcan (sin contar dietas ni el  kilometraje). Por ello, este partido va a remitir la próxima semana al presidente de TI, Jesús Lizcano, una carta para informarle de estas prácticas de la Cámara territorial.

El coordinador territorial de UPyD, Rafael Delgado, afirma que los mensajes que han lanzado tanto la presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en los últimos días contrastan con este tipo de actuaciones. “Es difícil hablar de transparencia y participación”, asegura, “cuando presentamos esta solicitud en junio de 2013 y nada ha cambiado en el Parlamento regional”.

Delgado no entra a valorar a cantidades supuestamente percibidas, sino la falta de información sobre las mismas, “especialmente en un momento en el que la ciudadanía exige más rigor y más compromiso a los políticos que simples anuncios”.También puso como ejemplo algunas medidas opacas de la Ley para la Reforma de la Administración – reducción del período de audiencia, riesgos de ‘encargos’ en las encomiendas de gestión –, las limitaciones impuestas al Consejo de Cuentas o el mantenimiento de la llamada Administración B “que escapan al control del ciudadano”.

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