UPyD pide a la Junta que aclare las supuestas irregularidades en las contrataciones

Unión Progreso y Democracia pide explicaciones a la Junta de Castilla y León por la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en relación a un supuesto caso de “fraccionamiento prohibido” de una veintena de expedientes auditados por el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

La formación magenta muestra su preocupación por estos hechos. “En primer lugar, se trataría de una clara falta de rigor en la adjudicación de contratos públicos; y en segundo,  porque estas supuestas malas prácticas ya fueron advertidas en un informe del órgano de control de finales de 2013”.

“De hecho, en un documento publicado en octubre del pasado año se analizaba que 69 de los 70 acuerdos suscritos en 2010 y cuyo valor alcanzaba los 236 millones de euros, casi un 40% del total, presentaban deficiencias como la falta de publicidad en los contratos, la posible adjudicación a posteriori de un servicio o que los licitadores no acreditasen estar al corriente de pago de la Seguridad Social y Hacienda”.

UPyD urge a la administración regional a que siga las recomendaciones presentadas hoy por el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, y recuerda al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera que esta situación no es nueva. Desde este partido también se critica la demora con la que aparece la información – a tres años vista poco puede solucionarse – y pide a la Junta que habilite los medios necesarios hacer un seguimiento de la contabilidad más cercano en el tiempo.

El coordinador territorial, Rafael Delgado, lamenta este nuevo “bochorno” para la región y advierte del efecto negativo “para la libre competencia, las empresas locales y la imagen de la Comunidad Autónoma”. “¿Cómo va a participar en un concurso público una empresa – se cuestiona Delgado – si se duda de la transparencia de la administración?”. El coordinador territorial urge a la Junta de Castilla y León a que despeje cualquier duda sobre su imparcialidad y ponga en marcha los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de la ley.

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