Stop Desahucios Bierzo-Laciana-Maragatería-La Cabrera hará entrega en la Oficia General de Información y Atención al Ciudadano que tiene la Junta de Castilla y León en Valladolid, de las 7.057 firmas recogidas por el colectivo durante el mes de octubre por todos los pueblos del Bierzo, Astorga y Villablino. Las firmas se acompañan con el siguiente escrito de exigencias al gobierno regional:
“A la atención del presidente de la Junta de Castilla y León, D. Juan Vicente Herrera Campo.
Desde la Plataforma Stop Desahucios Bierzo-Laciana-Maragatería-La Cabrera nos dirigimos a usted, en calidad de presidente de la Junta de Castilla y León para hacerle llegar nuestras inquietudes y necesidades en materia de vivienda, abusos hipotecarios de entidades bancarias y cuantas cuestiones relacionadas con estos temas que afectan a la población de la Comunidad Autónoma que usted dirige.
Como usted recordará el pasado día 5 de septiembre este colectivo antidesahucios registró un documento, en la sede de la Junta en Ponferrada, donde se hacia referencia a la actual situación de crisis económica y a las nefastas consecuencias que está teniendo para las familias que tienen hipotecas y que no encuentran amparo en las administraciones públicas. Por todo ello solicitábamos del gobierno que usted preside una serie de medidas a fin de salvaguardar el derecho a la vivienda y de propiciar una mejor atención a los afectados por parte de Caja España Duero, “entidad que no tiene interés alguno en la búsqueda de soluciones a la dramática situación que este colectivo está atravesando, y es por ello que hacemos un llamamiento a la Junta de Castilla y León, a quien elevamos nuestras quejas y nuestra indignación ante la mala gestión de dicha entidad, por el marcado carácter político que tiene su Consejo de Administración, ya que la mitad de los miembros del mismo lo componen personas vinculadas a la política y nombradas por tanto por los partidos políticos”.
Dada la importancia que para miles de familias, con problemas de vivienda y de hipotecas, tienen estos temas ampliábamos nuestras exigencias en un escrito posterior, registrado en el Ayuntamiento de Ponferrada el día 10 de octubre de 2013. Dicho documento reza así:
Queremos exponer ante usted en calidad de presidente la Junta de Castilla y León:
Que la situación económica actual, provocada por la avaricia de las entidades financieras, de los grupos económicos y de la especulación salvaje de los mercados, ha conducido al empobrecimiento de la mayoría de la población y a la degradación de los derechos de los ciudadanos.
La clase política, al servicio de los poderes financieros, no sólo es incapaz de hacer frente a esta situación, sino que alienta y protege los intereses de estos poderes, olvidando a los ciudadanos.
Nuestra Comunidad Autónoma no ha sido ajena a este proceso y numerosos ciudadanos se han visto dramáticamente abocados a la ruina y a la exclusión social como consecuencia de una legislación que no les protege y de una actividad política que les ignora.
En esta situación, resulta inadmisible que quien no ha podido hacer frente al pago de su hipoteca, por causas económicas ajenas a su voluntad, se vea despojado de su vivienda y con un futuro de exclusión social total, y que las Administraciones Públicas, teóricas garantes de los derechos de los ciudadanos, permanezcan impasibles sin adoptar medida alguna positiva, más allá de alguna tímida medida paliativa.
Las Oficinas de Información e Interlocución Hipotecaria (012), creadas en nuestra comunidad desde la perspectiva de los servicios sociales, son absolutamente inoperantes. Su función es únicamente la de trasladar documentos y esperar a que las entidades financieras hagan su propia voluntad. En muchas ocasiones, estas oficinas se encargan de redactar informes para las entidades financieras; algo que no es comprensible ya que no es de recibo que funcionarios o personal laboral de las administraciones públicas realicen trabajos para las entidades financieras.
Por todo ello consideramos que es hora de dejarnos de solicitudes y comenzar con las exigencias como ciudadanos y, a su vez, como víctimas de una mala gestión por parte de las administraciones públicas y de los poderes financieros que durante tantos años, no solo no nos han escuchado sino que cuando les pedíamos soluciones, a gritos en las calles de todos y cada una de los municipios, ciudades, y pueblos de esta tierra, se dedicaban a mirar a otro lado. En el momento actual, que nos aproximamos cada día mas a comicios electorales, ustedes comienzan a tener un grado de acercamiento a los ciudadanos que hasta hoy solo éramos unos energúmenos molestos que lo único que pretendíamos era desestabilizar y no sé que mas cosas.
Por todo esto desde la plataforma Stop Desahucios Bierzo Laciana La Cabrera Maragatería no les pedimos nada, sino que les exigimos que pasen de las buenas palabras a los hechos, para que no solo veamos buena voluntad sino que veamos una realidad inmediata.
Exigimos que la Junta de Castilla y León, medie entre las entidades financieras para que se efectúe de inmediato la paralización de todos y cada uno de los procesos judiciales que en la actualidad hay abiertos en la cuenca minera a trabajadores de la minería y a empresas auxiliares de la misma. Estos trabajadores, que no son pocos, llevan mucho tiempo sin percibir sus salarios ya que los empresarios a los cuales ustedes han dado miles de miles de euros, en subvenciones, no pagan a sus trabajadores; lo que en muchos casos les ha llevado a una ruina económica, moral y social, sin que ustedes hicieran nada por remediar esta situación social.
Exigimos que la Junta de Castilla y León, obligue a las entidades bancarias, con las que tiene relaciones financieras, a que paralicen cuantas actuaciones tengan pendientes contra los trabajadores de las empresas mineras que no han percibido sus salarios desde hace mucho tiempo, y que determinen una paralización hipotecaria mientras los trabajadores de las empresas mineras no perciban sus salarios que les adeudan los “empresarios mineros”.
Exigimos que la Junta de Castilla y León, realice los trámites necesarios para la adaptación de cursos de formación profesional con el fin de recolocar a todos los trabajadores que en la actualidad se prevé pierdan sus empleos en toda la cuenca minera por el abandono y cierre de las explotaciones que ha contado con el beneplácito de la Junta de Castilla y León.
Exigimos que la Junta de Castilla y León, mediante un decreto-ley constituya la “Comisión de Seguimiento de Acción Social” encaminada a la paralización y ayuda a las familias que se vean inmersas en un proceso ejecutivo judicial hipotecario o de desahucios que se puedan producir en la comunidad de Castilla y León, en la actualidad o en un futuro.
Exigimos que la Junta de Castilla y León, cree un “Censo de familias en procesos ejecutivos hipotecarios” con el fin de dar apoyo social y psicológico, dado que estas familias no solo caen en la exclusión social por la falta de recursos económicos, sino que también por la pérdida de la vivienda. Durante mucho tiempo la Junta de Castilla y León ha hecho un flaco favor a las familias afectadas por los procesos hipotecarios en muchos casos provocados por la misma Junta.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha de crear un decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que debería convertirse en un plan de choque para frenar la sangría social de los desahucios. “Con este decreto ley la Junta de Castilla y León demostraría una verdadera intención de hacer realidad la paralización del desmantelamiento social de nuestra tierra y realmente se estaría haciendo justicia, llegando a la raíz del problema”.
La norma contiene dos medidas destacadas. En primer lugar, el decreto-ley incluye una disposición para posibilitar a la Junta a expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio. De este modo se pretende garantizar el derecho a la vivienda de aquellas personas, con especiales circunstancias de emergencia social, que se vean afectadas por procesos de ejecución hipotecaria.
El procedimiento de “Expropiación temporal con dedicación a viviendas de alquiler social” será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo, instados por las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, o entidades de gestión de activos que, a cambio, recibirán el 20% del salario que perciba la unidad familiar en concepto de alquiler social, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.
Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional destacan; que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente, que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa, que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de la unidad familiar o persona hayan sufrido importante menoscabo, encontrándose en una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo hipotecario.
En segundo lugar el decreto-ley debe crear, un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento su reserva residencial. Así, se considerará infracción muy grave no dar uso de habitabilidad a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda, sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. En estos casos la penalización puede alcanzar el 20% de la tasación real de la vivienda, esta recaudación se debe destinar a la creación de un fondo de ayuda a familias desahuciadas para la creación de viviendas en régimen de alquiler social perteneciente al patrimonio público de la Junta.
La Junta de Castilla y León tiene que crear un “Censo regional de viviendas deshabitadas” pertenecientes a las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. El fin de esta medida es saber el número real de viviendas deshabitadas más de 6 meses, este censo también servirá para conocer la situación real del activo de las entidades financieras y de sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión en lo relativo a vivienda.
Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar, durante un periodo de seis meses, la no habitabilidad de la misma. El decreto-ley tiene que regular y establecer la creación de un “Registro de Viviendas Deshabitadas” como instrumento de control, al tiempo que dispondrá de un plan de inspección que, con una vigencia de 6 meses, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Junta en este ámbito.
En toda la comunidad autónoma de Castilla y León hay alrededor de 800.000 viviendas desocupadas de las que, entre 450.000 y 500.000, pertenecen a personas jurídicas y sobretodo a entidades financieras. Desde 2008 se han producido unos 13.000 desahucios, según ha comprobado y publicado en muchísimas ocasiones y debería de tener conocimiento la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. “Ayer, hoy, y lo mas probable mañana los ciudadanos de Castilla y León, seguiremos diciendo ¡basta! y defenderemos la vivienda como un derecho humano y un derecho constitucional”.
Por último, desde esta plataforma y sobre todo desde las familias que componemos la cuenca minera consideramos irrenunciable la aprobación de un decreto-ley que refuerce las ayudas al alquiler, que detalle un futuro Plan de Vivienda y que defienda a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.
La administración de la comunidad autónoma de Castilla y León no puede continuar mirando al lado contrario al de la población y dando la espalda a los ciudadanos, pues les recordamos que son los ciudadanos quienes les ponen en el puesto que ustedes ocupan y que el futuro es de los ciudadanos. Si los que elegimos para que gobiernen nuestra tierra no defienden a sus conciudadanos serán éstos quienes decidan con el futuro de lucha y acción. La sociedad está cansada de solicitar o hacer peticiones, es hora de pedir exigencias para que no solo se acuerden de los ciudadanos cuando sea tiempo de elecciones sino durante todo el tiempo de la legislatura para la cual fueron ustedes elegidos.
Tenemos en cuenta su buena disposición para tratar temas tan importantes para la sociedad de nuestra comunidad autónoma y esperamos admita a trámite cuantas cuestiones acabamos de relatarle a fin de mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos.
Desde la plataforma Stop Desahucios llevamos a cabo un incansable trabajo con el fin de mejorar la situación de la vivienda en nuestra comunidad autónoma es por ello que avalamos nuestras exigencias con las 7.057 firmas que hemos recogido, desde el colectivo Stop Desahucios Bierzo-Laciana-Maragatería-La Cabrera, entre la población de la comarca del Bierzo y del resto de la comunidad castellanoleonesa.
Firmas que hoy, día 12 de Noviembre, entregamos en la Registro de la Junta de Castilla y León en Valladolid.”
