Los funcionarios denuncian ante el Procurador del Común “el dedazo”, la proliferación de asesores y el mantenimiento de una Administración B

Funcionarios de la Junta de Castilla y León, con representantes de las nueve provincias y pertenecientes a la Plataforma en Defensa de lo Público, han presentado un escrito ante el Procurador del Común, avalado por 9.000 firmas de funcionarios de la administración autonómica, para denunciar el mantenimiento de un sector público paralelo y la proliferación de la libre designación, “el dedazo”.

Denuncian que durante el mes de agosto se han contratado entre 15 y 20 personas diarias para puestos de libre designación, colocando a personas afines al partido en los puestos mejor retribuidos, y menoscabando la profesionalidad e independencia de los funcionarios. También denuncian el despilfarro en cientos de puestos de asesores y mandos intermedios, que podrían ser desempeñados por los propios funcionarios.

En el escrito presentado ante el Procurador del Común se lamentan de los recortes que está haciendo la Junta de Castilla y León en sanidad y educación, mientras se mantiene una administración paralela, integrada por 52 organismos y fundaciones que podrían estar gestionados por los propios funcionarios; o se despilfarra en el alquiler de locales mientras existen otros sin uso o infrautilizados.

Otro aspecto criticable para los funcionarios de esta plataforma, es el hecho de que la Junta financie “costosas campañas de autopropaganda” mientras la sociedad ve reducida líneas de ayuda o subvenciones.

Por todo ello piden la intervención del Procurador del Común, y le instan a exigir el listado completo de puestos de libre designación y asesores, el listado completo de fundaciones y organismos que forman lo que denominan “Sector Público Paralelo o Administración B”, la cuantía invertida en publicidad, las cantidades  abonadas en concepto de gastos o indemnizaciones de los puestos de trabajo de cada consejería desde las jefaturas de servicio hasta los consejeros y el presidente, los programas y aplicaciones informáticas que tiene contratados la Junta, y el número de ciudadanos que “van a verse privados” de la tarjeta sanitaria como consecuencia de la reciente reforma.