Los ayuntamientos y la nueva Ley de Bases

Proyecto León ha venido preconizando la fusión entre municipios como una medida que mejorará las condiciones de vida en nuestra tierra. Por otro lado el Gobierno ha dado a conocer el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales que afecta directamente a esta cuestión. Este documento es una modificación de la existente Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  La reforma de esta Ley va a acarrear numerosos cambios en el mapa municipal, si el texto dado a conocer no cambia sustancialmente. Para lograrlo se abren varias vías.

En primer lugar todos los Ayuntamientos cuya situación económica sea difícil se verán obligados a redactar un plan económico-financiero que habrán de remitir al Ministerio de Hacienda. En este plan se debe reflejar obligatoriamente, entre otras cosas, una propuesta de fusión con un municipio colindante. Así por ejemplo León y San Andrés del Rabanedo tendrán que presentar una propuesta de fusión municipal entre ellos o con otros, que les permitirá racionalizar los gastos y enjugar así sus cuantiosas deudas.

En segundo lugar todos aquellos municipios que se fusionen recibirán recursos extra, lo que viene a impulsar aún más la desaparición de municipios financieramente tocados. Esto supone  que León, San Andrés del Rabanedo y Valderas, por ejemplo, que no pueden afrontar el pago de sus deudas en tiempo y forma con los ingresos actuales, deberán fusionarse con otros y pedir así un incremento de las transferencias de recursos desde otras administraciones.

Otra línea de acción de la Ley, que afecta sobre todo a los municipios pequeños, es el establecimiento de las remuneraciones de los alcaldes y el número de cargos con dedicación exclusiva.  En los municipios de menos de 1.000 habitantes, que son la gran mayoría, nadie podría recibir una remuneración por dedicación exclusiva. Esto dejaría sin salario a unos cuantos alcaldes, si bien es cierto que a muchos otros no les afecta. Por otra parte, como hay numerosos Ayuntamientos en el camino de bajar de los 1.000 habitantes, buscarán cómo unirse a otros para mantener las remuneraciones de alcaldes que sí las perciben. Todos los municipios que puedan descender de 1.000, de 2.000, de 5.000 (Fabero, Valencia de Don Juan) o de 10.000 habitantes (Villablino, Bembibre) corren en distinta medida ese riesgo.

Otro detalle importante es que la remuneración de los presidentes de Diputaciones equivaldrá a la del alcalde de la mayor población de la provincia. Esto puede inducir procesos de fusión por el interés de aumentar las retribuciones de los cabezas de los partidos, habitualmente elegidos a dedo en estas instituciones. El caso de León, que podría fusionarse con San Andrés del Rabanedo beneficiando así a la presidencia de la Diputación, es uno de ellos.

Un aspecto que puede provocar guerras de intereses en los partidos -mayores de las que ya existen- será la reducción de puestos con dedicación exclusiva tras las fusiones municipales. Por ejemplo, en el caso de San Andrés del Rabanedo caben 10 dedicaciones exclusivas en la situación actual y en el caso de León 18. Tras una hipotética fusión municipal entre ambos, sólo podrán existir 18 ediles con dedicación exclusiva, por lo que los partidos tendrían 10 sueldos menos a repartir.

Otra faceta que no queremos que pase desapercibida es que una parte de la reflotación de los Ayuntamientos se pretende realizar usurpando los bienes comunales que gestionan las Juntas Vecinales. Los planes económico-financieros a que obliga la Ley tienen obligatoriamente que incluir la supresión de estas entidades  y la apropiación de sus bienes, un auténtico expolio, algo con lo que Proyecto León no puede estar de acuerdo en ningún caso; antes bien, nuestro grupo aboga por la implantación y el reforzamiento de estas instituciones en todas las entidades de población donde sea posible.

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