La reforma local planteada por el Gobierno del Partido Popular significará un aumento exponencial de la corrupción. Desde este movimiento ciudadano, (la Liga Anticorrupción) señalamos que está demostrado que la corrupción es menor cuanto más cercana es la administración al ciudadano, porque los propios vecinos pueden fiscalizar de una forma mucho más directa y efectiva el uso del dinero público o el enriquecimiento de los políticos. Sin embargo, cuanto mayor es el alejamiento de los políticos de los ciudadanos, menos control existe y la opacidad en la gestión aumenta, siendo los espacios de opacidad donde más corrupción se crea. Trasladar las contrataciones desde los municipios a las Diputaciones generará más corrupción y disminuirá el control ciudadano del dinero público.
Recordamos que en las diputaciones hay porcentualmente mucha más corrupción que en los ayuntamientos. Precisamente son las diputaciones unas de las administraciones donde más casos de corrupción y despilfarro hay, siendo los casos existentes porcentualmente muy superiores a la corrupción que hay en los municipios.
Los ejemplos más claros de casos de corrupción y despilfarro en las Diputaciones, a las que ahora el Gobierno quiere trasladar las competencias de contratación de los ayuntamientos que no demuestren eficiencia en la prestación de servicios podemos encontrar casos como estos, y otros muchos más:
Diputación de Orense que fue elegida como para la prueba piloto de esa reforma local está salpicada con el Caso Baltar (PP), y su expresidente José Luis Baltar y padre del actual presidente está imputado por contratar a las 104 personas que “le dio la gana”, según señaló el fiscal.
Cabildo de El Hierro con el caso denunciado por la Liga Anticorrupción por la contratación irregular llevada a cabo por Alpidio Armas (PSOE) del ex secretario general de la UGT en El Hierro condenado por un desfalco de 30 millones de euros.
Diputación de Castellón con Carlos Fabra (PP) imputado por el caso Narajax y sus aeropuertos sin aviones.
Diputación de León donde su presidenta Isabel Carrasco (PP) acumula 12 sueldos públicos.
Diputación de Barcelona presidida por CiU e inmersa en la investigación del caso Mercurio.
Diputación de Almeria con su presidente imputado por una trama de corrupción en 108 sociedades y 315 órganos sociales.
Diputación de Avila con su presidente Agustín González (PP) imputado por el caso Bankia
Diputación de Segovia con su ex presidente Atilano Soto (PP) también imputado por el caso Bankia.
Diputación de Alicante con su ex presidente Joaquín Ripoll (PP) imputado por el caso Brugal.
Diputación de Valencia con su ex presidente Enrique Crespo (PP) imputado por el caso Emarsa.
Diputación de Sevilla (PSOE) que ha tenido que llegar a ser obligada judicialmente para clarificar los 1600 colocados en plantilla que tiene.
Diputación de Lugo, con su vicepresidenta Lara Méndez (PSOE) inmersa en la investigación por corrupción en el Ayuntamiento de Castro de Rey.
Diputación de Granada, inmersa en el caso Mercamed durante el mandato del PSOE al frente de esta institución.
Diputación de Guadalajara con su ex vicepresidente Rafael Esteban imputado por malversación al mandar con el móvil oficial 17.365 mensajes a móviles cuando ya no era cargo en la diputación.
Diputación de Valladolid con el portavoz del PP imputado en el caso Arroyo
Diputación de Málaga con numerosos funcionarios del catastro imputados en el caso Arcos.
Con estos negros precedentes, y que son sólo algunos ejemplos de lo que sucede en las diputaciones desde la Liga Anticorrupción, adviertimos que la corrupción aumentará con esta reforma local y que se pondrá en manos de gestores que en su mayoría están manchados de casos de corrupción la gestión de servicios que podrían afectar a más de 5.000 municipios.
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