El PSOE pide responsabilidades penales por la sentencia del TSJ que anula el contrato de la residencia y piscinas con Clece

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó sentencia el pasado 15 de abril anulando la prórroga del contrato de explotación de las piscinas climatizadas y residencia de ancianos a la mercantil Clece incluyendo en elmismo las piscinas de verano. En base al fallo judicial la oposición socialista pide la dimisión del alcalde y responsabilidades penales por las “infracciones legales” en la adjudicación del contrato unificado.

“Las piscinas climatizadas de Bembibre, que solo cerraban en agosto, Otero aceptó cerrarlas desde junio a septiembre y, para compensar un supuesto desequilibrio económico a Clece no tuvo mejor ocurrencia que adjudicarle a dedo las piscinas de verano, sin tramitar ningún expediente de contratación y sin ningún informe económico que justificase tal desequilibrio”, denunció la portavoz socialista.

El entonces portavoz de la oposición, Manuel Ángel Rey, advirtió de posibles irregularidades así como un perjuicio económico al Ayuntamiento, “pero Otero, en su línea de siempre, tiró para adelante sin escucharnos”. “Decía que ahorraba cientos de miles de euros al Ayuntamiento pero no sabía ni por dónde andaba”, recordó la edil.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León anuló en 2014 la prórroga del contrato, una sentencia que fue recurrida por el Ayuntamiento y por la propia empresa Clece. La sentencia, que ha sido confirmada por el TSJ, pone de manifiesto una modificación sustancial del contrato “contra el principio de libre concurrencia en la contratación pública, es decir, evitaron que cualquier otra empresa pudiera licitar por el contrato”.

Pero también advierte que se redujo el precio del servicio “sin motivación alguna, y en vez de restablecer el supuesto desequilibrio económico modificando las tarifas, como estaba previsto en el contrato originario, se cedió la explotación de las piscinas descubiertas de Pradoluengo, que no estaban incluidas, realizando una nueva adjudicación sin procedimiento alguno”.

La sentencia considera que es “de especial gravedad” la ausencia de informes jurídico ni económico, o que el acuerdo “se basa en la estimación por el alcalde de un supuesto recurso extraordinario de revisión, fuera de todos los plazos de impugnación y basado en un ‘error de hecho’ inexistente, por tanto sin que concurra causa legal para ello”. Silvia Cao considera que “la connivencia entre Otero y Clece queda perfectamente demostrada para que nadie más supiera del negocio”.

La edil responsabilizó a Otero por este proceso judicial que “no paga él, sino los vecinos de Bembibre”, con más motivo cuando la sentencia que declara la nulidad de la actuación administrativa es firme, destacó la concejala, y condena al Ayuntamiento y a Clece a pagar las costas del juicio y del recurso. “Ahora lo que le toca a Otero es pagar las costas judiciales y explicar a la gente qué es lo que se esconde detrás de semejantes ilegalidades, quién es el que se beneficia de ellas”, advirtió Cao.