Según denuncia el sindicato CSIF, “la Junta de Castilla y León desmantela el operativo de incendios forestales en el peor año de la historia, con el despido, de momento, del 30% de su personal, a la vez que publicita, a bombo y platillo, un plan engañoso que no estabiliza ni profesionaliza”. Señalan que esto es “una actitud de hipocresía descarada sin precedentes que no vamos a apoyar y de la que no seremos cómplices”.
El despido de cientos de trabajadores y trabajadoras del operativo llega con la reducción del riesgo de incendios de alto a medio, a pesar de que siguen produciéndose incendios por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas en este otoño, añade CSIF. “Hay material que deja de funcionar y la operatividad se limita”, advierte CSIF. “y mientras el operativo antiincendios ‘flexible’ del consejero de Medio Ambiente se desmantela, Suárez-Quiñones se mantiene incomprensiblemente en su cargo”.
En cuanto al plan de mejora del operativo anunciado estos días por el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, consideran que “es pura propaganda electoralista, que vuelve a poner encima de la mesa el desprecio sistemático que sufren la plantilla. No supone ninguna mejora estructural y laboral que permita un operativo realmente profesional”. Para CSIF, la única realidad es que, “si este año no hemos tenido capacidad para extinguir los incendios de agosto, el año que viene tampoco la vamos a tener ante unas circunstancias similares, porque no se prevé aumentar ni las personas ni los medios. Es algo evidente. Parece que la Junta pretende que la ciudadanía olvide el infierno y la angustia que hemos pasado este verano, con fallecidos, heridos y pueblos arrasados, y que ha sido consecuencia directa de su mala gestión”.
“En el plan dado a conocer, el Gobierno autonómico simplemente está reconociendo unas mínimas mejoras laborales a las que le obliga el Gobierno de España, como el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, pero al que solo se le va a subir 75 euros mensuales por la peligrosidad, esfuerzo físico o toxicidad a las que se enfrentan los bomberos forestales en la extinción de incendios, y esto es un insulto”.
También advierten de que “cuando la Junta dice que en el plazo sucesivo de tres años (2026-2028) el operativo tendrá naturaleza pública, vuelve a engañar a la sociedad, escondiendo una privatización”. CSIF explica que la Junta pretende que el personal del operativo antincendios sea de sociedades públicas o mercantiles como Somacyl o Tragsa, en vez de empleados públicos. Insiste en que “no podemos olvidar que un operativo cien por cien público es más económico que el gestionado por ese tipo de sociedades privadas, cuyo objetivo es el de maximizar los beneficios”.
