Pediatras y profesionales de enfermería se convierten en piezas clave para la detección precoz del maltrato infantil

Con el objetivo de sensibilizar a todos los profesionales acerca de la necesidad de utilizar este tipo de herramienta cuando se produzca una sospecha de maltrato que pueda afectar a cualquier menor, la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (Apapcyl) propuso a la Consejería de Sanidad la elaboración de un ‘Protocolo de actuación común en el medio sanitario ante la detección de casos de maltrato infantil en el ámbito familiar’, aplicable tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria. Dicho documento está dirigido a pediatras, enfermeras pediátricas y trabajadores sociales y responsables de las secciones de protección a la infancia, así como a los directivos de salud y responsables de las citadas áreas.

Además de sensibilizar al personal sanitario, se pretende recoger de manera ordenada y sistemática las actuaciones que deben llevarse a cabo en los casos de maltrato infantil, así como promover la correcta cumplimentación del parte de lesiones y la hoja de notificación realizada por los centros sanitarios, para que sirva de herramienta clave en el procedimiento judicial. También se coordinará la información, mejorando los canales de derivación y estableciendo los circuitos de comunicación adecuados tanto dentro de la red sanitaria como con los recursos de otras instituciones, fundamentalmente Servicios Sociales y Educación.

Ante la presencia de uno o varios de los indicadores que sugieran presencia de maltrato infantil, el profesional sanitario deberá registrarlo en la historia clínica del paciente y entrevistar a los padres y al menor presuntamente maltratado. Se realizará una exploración física y psicológica y, en caso de que sea necesario, se indicarán exploraciones complementarias. Asimismo, se analizará la situación familiar. Tras estos estudios se concluirá con la sospecha o con la evidencia de maltrato infantil, con lo que se procederá a la notificación del caso a los Servicios Sociales después de realizar una valoración tanto del riesgo que corre el menor de sufrir nuevos episodios como de la gravedad de dicho maltrato.

971 notificaciones en 2015

Según los datos del sistema de protección y atención a la infancia de Castilla y León, en 2015 se recibieron 971 notificaciones sobre posibles casos de desprotección, de los cuales 36 procedían del sistema de salud; de los 449 nuevos expedientes abiertos, 27 lo fueron tras la notificación del sistema de salud.

El maltrato infantil supone hoy la segunda causa de muerte en los menores de cinco años –excluyendo el periodo neonatal-, por lo que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha destacado “la oportunidad” de poner en marcha este protocolo, pues “el ámbito sanitario es el lugar adecuado para observar las dinámicas familiares y actuar para prevenir y para detectar situaciones de riesgo de manera precoz”. “La coordinación entre profesionales del ámbito sanitario, social, educativo, policial y judicial es fundamental para abordar este problema de primer orden”, ha señalado.

Por su parte, el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, se ha referido a que, con la puesta en marcha de esta iniciativa de actuación ante la sospecha de maltrato intrafamiliar en la infancia y adolescencia, la Junta da un paso más en el cumplimiento del compromiso adquirido en la comparecencia de legislatura por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, de impulsar la aplicación de un protocolo marco de actuaciones en casos de maltrato infantil, asegurando mecanismos de prevención y seguimiento de los casos.

De Pablos ha asegurado que, en ese compromiso de la lucha contra el maltrato infantil y la prevención del mismo, la Consejería ha desarrollado también diversas medidas. Entre ellas se encuentran el establecimiento de un nuevo protocolo sobre actuaciones y procedimiento en situaciones de riesgo grave sin colaboración de los padres, donde se desarrolla la actuación coordinada entre las corporaciones locales y las gerencias territoriales de Servicios Sociales, para adoptar la correspondiente resolución administrativa declaratoria de la situación de riesgo e iniciar las actuaciones correspondientes; o la puesta en marcha de un programa de promoción de la participación en el sistema de protección y atención a la infancia en Castilla y León, donde se implica a las entidades de carácter social y a menores o jóvenes que han sido usuarios del mismo, para llevar a cabo actuaciones que contribuyan a la difusión, promoción y respeto de los derechos reconocidos a los menores de edad por el ordenamiento jurídico vigente.