Coalición por El Bierzo (CB) en Igüeña, a través de su portavoz, Luis González, ha reclamado al equipo de gobierno municipal garantías para los propietarios, ayudas económicas y comprobaciones rigurosas de los 353 inmuebles que, según la formación, figuran en el censo de amianto. El partido anima a los afectados que discrepen de su inclusión a presentar alegaciones antes de que concluya el plazo de información pública, que sitúa en el 3 de noviembre de 2026.
Según los datos aportados por CB, el Ayuntamiento recibió una subvención de 4.000 euros de la Diputación de León y adjudicó el contrato para elaborar el censo por 4.444,44 euros. La formación sostiene que el documento se entregó al Consistorio el 23 de febrero de 2026, pero que su tramitación para la aprobación no se impulsó hasta septiembre. A su juicio, el gasto realizado y el tiempo transcurrido obligan a ofrecer un censo riguroso que aporte certezas a los vecinos.
La formación insta a los propietarios y demás interesados a consultar el documento y solicitar las comprobaciones correspondientes si detectan posibles errores, desconocen los motivos de inclusión de sus inmuebles o tienen dudas sobre si la presencia de amianto está confirmada. CB pide que estas cuestiones se aclaren antes de la aprobación definitiva del censo.
Asimismo, Coalición por El Bierzo exige al equipo de gobierno encabezado por el alcalde, Alider Presa, que informe adecuadamente a los vecinos y que el censo clasifique de forma individual las edificaciones según su peligrosidad, estado de conservación, exposición y prioridad de actuación.
El partido reclama que se diferencien los inmuebles en los que se haya confirmado la presencia de amianto de aquellos en los que únicamente se presume. Para estos últimos, solicita comprobaciones sobre el terreno que permitan determinar si contienen este material.
Por último, CB pide al Ayuntamiento que busque vías de financiación para ofrecer ayudas a los propietarios y reducir el coste que puedan tener que asumir. Con estas reclamaciones, la formación sostiene que los vecinos no deben pagar las consecuencias de posibles errores en el censo.
