La Guardia Civil investiga a tres personas por almacenar ilegalmente hasta 700.000 kilos de residuos en diferentes ciudades. Se les atribuye la comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad y estafa.
La investigación comienza cuando el SEPRONA detecta en varias parcelas y una nave ubicadas en la localidad de Igüeña, cómo llegaban camiones de gran tonelaje cargados de residuos que se almacenaban incumpliendo los requisitos establecidos para ello y careciendo de las autorizaciones pertinentes.
En colaboración con Inspectores de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, los investigadores descubrieron el almacenamiento de más de 300.000 kilogramos de residuos plásticos, circuitos, procesadores, espumas o troceados de otros residuos de diferentes tamaños.
Dos de los investigados figuraban con cargos relevantes hasta en 12 empresas relacionadas con el reciclaje de residuos, con domicilios sociales en Madrid, Toledo, Zaragoza, Valencia, Santander y Ciudad Real, las cuales tras la inspección en su supuesta ubicación, resultaron ser ficticias.
Estas dos personas, informaban a las autoridades municipales de diferentes provincias, de su propósito de la edificación de una planta para la gestión de residuos, así como la creación de puestos de trabajo.
Para convencerles, mostraban un falso proyecto para la construcción de la planta de reciclaje. Con ese consentimiento, y a la espera de pasar los trámites oportunos para la construcción de la supuesta empresa, iban almacenando grandes sacas con residuos (big-bag) de manera ilegal, las cuales han abandonado en al menos tres localizaciones, con una estimación total de 700.000 kilogramos.
En el marco de la operación Polímeros, la Guardia Civil también investiga a una tercera persona -gerente de una empresa dedicada al reciclado, transformación y revalorización de residuos de Barcelona-, que se deshacía de los residuos de manera irregular.
Los transportaba y entregaba a los otros investigados, haciéndolos pasar por subproductos, y atribuyéndoles un valor del que carecen, evitando con ello tener que gestionar dichos residuos con un importante ahorro económico.
Para el desarrollo de esta operación, se ha contado con el apoyo de diferentes unidades del SEPRONA de las provincias en las que se encuentran los domicilios sociales de las empresas investigadas, en especial la de Barcelona, Ciudad Real y Zaragoza, donde se han detectado un almacenamiento ilegal de 400.000 kilogramos de residuos.
En el procedimiento se ha contado con un informe técnico de los residuos elaborado por la Oficina Central Nacional, creada recientemente en el seno de la estructura de la Jefatura del SEPRONA de la Guardia Civil en la que participan organismos e instituciones con competencia en la materia, contando con el apoyo europeo a través del proyecto “Life Nature Guardians”.
La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía de Área de Ponferrada a través del Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, siendo entregadas las diligencias en el Juzgado de Guardia de los de Ponferrada (León).
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