La vecina que ganó un juicio al Ayuntamiento de Congosto lleva al alcalde a los Juzgados

Una vecina de Almázcara ha presentado una querella criminal contra el alcalde de Congosto, José Antonio Velasco, por considerar que ha incurrido en un presunto delito de prevaricación después de la sentencia que recientemente declaró ilegal y nula respectivamente dos licencias urbanísticas. La demandante considera que la relación de hechos que desembocó en un conjunto de solicitudes en la instancia municipal y posteriormente en un contencioso, presentan una “clara intención de favorecer” al vecino a quien se concedió la licencia.

El punto de partida es la construcción por un particular de una caseta para un contador de luz en la vía pública, según manifiesta en la demanda, con licencia concedida por decreto de alcaldía de la misma fecha de solicitud, el 10 de julio de 2009. Desde ese momento, varios escritos instaban al Ayuntamiento que ordenase la demolición calificando la licencia de nula.

Ante la ausencia de respuesta satisfactoria el caso llegó a un contencioso administrativo que recientemente declaró nula esta licencia y responsabilizó al Ayuntamiento por no haber seguido el procedimiento legalmente establecido ante la omisión de determinados requisitos. “No se trata de que se haya omitido tal o cual trámite, sino que no se ha seguido ninguno, esto es, que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo cual constituye una causa de nulidad absoluta conforme a la regla general”.

Sin embargo los hechos se amplían a un segundo acto administrativo tras la solicitud por el mismo particular de una licencia de obras para la reforma de accesos a planta baja o cochera cuando “ya se habían iniciado la ejecución de las obras” que a la postre fue declarada judicialmente ilegal. El Magistrado destacó en su sentencia que el Ayuntamiento de Congosto no sólo no denegó esta licencia solicitada posteriormente al inicio de las obras respecto a una de las dos obras, sino que “consintió y permitió por la vía de los hechos el mantenimiento de la construcción ilegal”.

Con arreglo a aquella sentencia, la demandante considera que estos hechos “son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa” citando el articulado del Código Penal, “toda vez que se ha dictado una resolución administrativa prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y a sabiendas de su injusticia”, además de haber hecho caso omiso al requerimiento del Procurador del Común para dar explicaciones de los hechos.

Por ello, dirige directamente la demanda contra el máximo responsable del Ayuntamiento, el propio alcalde, a quien acusa de haber cometido un presunto delito de prevaricación en beneficio de un particular.