Unión del Pueblo Leonés (UPL) trasladó a la Junta de Castilla y León la voluntad de multitud de pueblos de la provincia de León para configurarse como Junta Vecinal y contar con el mismo régimen jurídico que tienen las más de 1.200 que ya funcionan así. El procurador de la formación leonesista, Luis Mariano Santos, detalló al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “el deseo expreso” que tienen estas localidades.
“Es el caso de pueblos como Felechas, Grandoso, entre otras pedanías de Boñar, Rodillazo -en el municipio de Cármenes, o en El Bierzo como es el caso de Espinoso de Compludo, seguro que también en Palencia y en Burgos”, insistió Santos. En este sentido, explicó, de forma muy resumida, que el problema se sitúa en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, conocida por la ‘Ley Montoro’, que introdujo una modificación sobre la consideración de los nuevos entes creados privándoles de personalidad jurídica.
El procurador leonesista, indicó que nos lleva a una situación “paradójica” de que existen cientos de Juntas Vecinales con personalidad jurídica, mientras que la creación de otras quedó sometida al nuevo régimen estatal. En este punto, cuestionó a González Gago y a la Junta “por su voluntad política” porque esto sea una realidad, sobre todo, cuando desde UPL lleva desde principios de 2025 intentando debatir una Proposición No de Ley (PNL) en la comisión de la Presidencia para que se inste al Gobierno de España a la modificación puntual de ese artículo y para dar coherencia al régimen jurídico autonómico y nacional.
Santos recordó a González Gago que la Ley de Régimen Local de Castilla y León “sigue diciendo” en su artículo 49 que las entidades locales menores tienen personalidad y capacidad jurídica plena; y, en los artículos 52 a 55, siguen regulando un procedimiento para crear nuevas entidades locales menores. En este aspecto, puso de manifiesto que la regulación autonómica “es anterior” a la reforma estatal de 2013 y, por ello, resulta necesario que el Gobierno de España “impulse una modificación” de la legislación básica estatal que permita a las Comunidades Autónomas regular la creación de nuevas entidades locales menores con personalidad jurídica propia, respetando al mismo tiempo los principios de suficiencia financiera, estabilidad presupuestaria y eficiencia administrativa.
En cualquier caso, el procurador leonesista evidenció que desde la Junta “deben reclamar” esta modificación y, paralelamente, preparar la adaptación de su legislación autonómica para garantizar que una vez se modifique la legislación estatal, aquellos núcleos de población que cumplan con los requisitos puedan constituirse nuevamente en entidades locales menores con personalidad jurídica propia. “Llevamos casi 2 años intentando debatir una iniciativa que ni siquiera ustedes permiten su inclusión en el Orden del Día de la comisión de la Presidencia; la volvimos a registrar en el inicio de esta legislatura y siguen sin permitir ese debate”, sentenció.
