La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) celebra las conclusiones previas del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU. En agosto del años 2002, la ARMH viajó hasta Ginebra para presentar los primeros 64 casos de desaparecidos por la represión de la dictadura franquista. A causa de esa denuncia, España apareció por primera vez en el informe anual que elabora el Grupo de Trabajo, dependiente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La semana pasada la ARMH mantuvo una reunión con el grupo de trabajo en la que diferentes expertos en identificación genética, exhumaciones, la Ley de la Memoria o académicos que denunciaban la falta de enseñanza de derechos humanos, expusieron a los dos miembros del Grupo la falta de responsabilidad que han mantenido todos los gobiernos de España desde el final de la dictadura hasta nuestros días.
En ese sentido, la asociación, formada fundamentalmente por familiares de “asesinados” y desaparecidos, celebra que el principal organismo mundial de derechos humanos reclame al Gobierno español medidas reparadoras, que abran las puertas de la justicia, y que no sea como hasta ahora, que las familias han tenido que buscar ayuda para auto repararse.
Desde hace diez años la asociación ha rellenado cientos de fichas, con el protocolo de la ONU, que se presentarán al Grupo una vez que haga públicas sus decisiones definitivas. Asimismo la ARMH ha puesto a disposición del Grupo de la ONU toda la información que han generado las más de 150 exhumaciones que ha llevado a cabo desde octubre del año 2000 hasta nuestros días.
En estos momentos la asociación tiene 41 fosas con información bastante concreta para ser exhumadas, algo que hace lentamente, debido a la falta de recursos. Además, dice la ARMH, peligra el laboratorio de estudio de restos que tiene en Ponferrada y que puede que tenga que cerrar en poco tiempo debido a la falta de financiación.
La ARMH hizo conocer al Grupo la urgencia que tiene la búsqueda de los desaparecidos, puesto que muchos de los familiares que piden ayuda tienen una edad avanzada, “y no pueden esperar mucho tiempo a que el Gobierno cumpla sus deberes en materia de derechos humanos”.
El Grupo también solicita al Gobierno español su colaboración con la justicia argentina, en la causa abierta por la jueza María Servini de Cubría, en la que han sido reclamados dos miembros de la Brigada Político Social “que torturaron a decenas de jóvenes opuestos a la dictadura franquista”. La ARMH promovió esa denuncia el 14 de abril de 2010, tras ver que las puertas del Poder Judicial español estaban cerradas para las víctimas de la dictadura del general Franco.
La ARMH entregó también al Grupo de Trabajo numerosas copias de las denuncias que ha presentado en diferentes juzgados en los últimos años y que han sido ignoradas por los jueces.
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