UPyD rechaza los recortes del Gobierno y recuerda que la Educación “no es un gasto, sino una inversión”

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de Castilla y León denuncia que, una vez más, el Gobierno del Partido Popular ha incumplido su compromiso electoral y ha aplicado nuevos recortes, esta vez en servicios básicos y fundamentales para el desarrollo de la sociedad española, la Sanidad y la Educación.

En lo que respecta a Educación, según UPyD los recortes reducirán el número de profesores para, y así lo justifican, disminuir el gasto. La responsable de Educación de UPyD en Castilla y León, Cristina Serrano, ha señalado que “es una medida totalmente desacertada, ya que la Educación es clave para el desarrollo de nuestro país. Recortando en ella, limitamos o eliminamos las posibilidades de futuro de España”. Así mismo, ha apuntado que “existen otras medidas para reducir el gasto que nuestro partido ya ha señalado en reiteradas ocasiones, como la supresión de coches oficiales, entes públicos y diputaciones o fusionar ayuntamientos, entre otras”. 

UPyD parte en su análisis de que España tiene un problema de calidad en la Educación y un grave problema de fracaso escolar. “Hay pocos estudiantes en Secundaria, Bachillerato y FP. Si además se reduce la calidad educativa y en el Bachillerato se elevan las tasas, el número de estudiantes  bajará de forma notable y, por lo tanto, el número de personas formadas y capacitadas para contribuir al progreso de nuestro país”.

Para Cristina Serrano, este hecho ”provocaría que solo tuvieran acceso a la Educación quienes contaran con mayores recursos económicos. El resto no tendría las mismas posibilidades, aumentando la desigualdad entre los ciudadanos. Algo totalmente inadmisible”. Así, ha puntualizado que “es necesario que se establezcan garantías para que todos tengan acceso a una Educación de calidad, reforzando a aquellas personas que cuenten con mayores capacidades, no con mayor renta”.

Para garantizar esta Educación de calidad para todos los españoles, UPyD insiste en la necesidad de devolver estas competencias al Estado, ya que las comunidades autónomas no tienen medios para garantizar una prestación de calidad.