En febrero, una pancarta en la sede de Viloria exigía el pago de las nóminas
El Gobierno considera injustificable la decisión de los Grupos mineros Alonso y Viloria de no pagar las nóminas a sus trabajadores, actitud que supone un incumplimiento de los compromisos asumidos por los representantes de estos grupos empresariales en la Comisión de Seguimiento de la Minería del Carbón y que se desmarca del comportamiento del resto de las empresas del sector, que sí están abonando las nóminas con normalidad, según el Gobierno.
En una nota de prensa enviada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, destacan que “es preciso aclarar que del total de 7.441 mineros que trabajan en la actualidad, el impago de nóminas afecta exclusivamente al 35%, ya que el resto de empresas mineras, a pesar de afrontar situaciones similares, continúan cumpliendo con las obligaciones de pago a sus trabajadores”.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se comprometió, también en el seno de la Comisión de Seguimiento, a adelantar las ayudas de todo el ejercicio 2010 con la finalidad de que las empresas no tuvieran problemas de liquidez para pagar las nóminas de sus trabajadores, y que éstas, por su parte, se comprometieron a abonarlas, informa el Ministerio. Pese al adelanto de estas cantidades, que asciende a unos 160 millones de euros y equivalen a ocho meses, “estos empresarios no han cumplido con lo acordado y no han pagado las nóminas del mes de agosto”.
“El incumplimiento de sus compromisos por parte de estas empresas no sólo perjudica a los trabajadores del sector y a las comarcas y territorios mineros, sino que ponen en entredicho la validez de los acuerdos adoptados en la Comisión de Seguimiento y, en consecuencia, la propia viabilidad de este punto de encuentro”.
Desde el Ministerio añaden, además, que “el volumen de recursos movilizados por el Gobierno en apoyo de la minería del carbón dota de estabilidad al sector y garantiza a las empresas la liquidez suficiente para pagar las nóminas a los trabajadores y normalizar su situación hasta la aprobación por la Comisión Europea del Real Decreto por Garantía de Suministro”.
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