El Pleno municipal de Bembibre aprobó este jueves, con el voto en contra de los grupos de oposición, la actualización del recibo del agua con un incremento del 4% —un 3% más un punto adicional previsto en el contrato firmado en 2004—. La sesión, marcada por reproches cruzados entre gobierno y oposición, acabó con la expulsión del viceportavoz del PP, Roberto Fernández, tras haber sido llamado al orden en tres ocasiones.
El nuevo porcentaje, que entrará en vigor el 1 de enero de 2006, afecta a las tasas de agua, alcantarillado y recogida de basuras. Los grupos de la oposición cuestionaron la labor de la empresa concesionaria y llegaron a plantear la rescisión anticipada del contrato.
El portavoz del Partido Popular, Jorge Blanco, dijo que la única beneficiada del contrato es “la empresa concesionaria” y escenificó rompiendo un papel lo que a su juicio debería hacer el ejecutivo local con el contrato vigente. “Sigue sin invertir un euro en saneamiento, tuberías…”, dijo Blanco.
Desde X Bembibre, Elsa García advirtió de que este incremento se suma a los anteriores y que el encarecimiento acumulado “debe estar muy por encima del 30 o 40%”. Jaime González también puso en duda el cumplimiento contractual y señaló “el olor insufrible en la zona de la Molinera porque no se hacen las reparaciones”.
El debate derivó asimismo a las multas por vertidos al río. El equipo de gobierno sostuvo que ahora las asume íntegramente la adjudicataria, aunque el Ayuntamiento adelanta el pago. Se recordó, además, la adjudicación del servicio en 2004 a la UTE Hidrogestión–Socamex por 3,5 millones de euros, cuantía que permitió construir la Casa de las Culturas.
El portavoz socialista, Gerardo Álvarez Courel, añadió que una parte de aquel importe que percibió Bembibre se destinó a sustituir tuberías de fibrocemento y acusó al gobierno de Otero de “haber levantado asfalto para sustituir tuberías que ya se habían cambiado”. Courel reprochó el “alarmismo” sobre la calidad del agua y pidió ceñirse a los controles “organolépticos favorables” disponibles en las comisiones.
También hubo alusiones a supuestas comidas con responsables de la concesionaria antes de la formalización de un nuevo contrato en el periodo 2011–2015, extremos que negaron Roberto Fernández y Jaime González. En esa línea, Silvia Cao se desmarcó de cualquier encuentro de ese tipo y anunció que invitará a todos los portavoces de la oposición a la próxima reunión con la empresa “para exigir con luz y taquígrafos lo que hay que hacer”.
La propuesta se aprobó con los votos de PSOE y UPL, y el rechazo de PP, X Bembibre y CB.
El contrato de privatización del agua vence en 2029 y los primeros posicionamientos ya han aflorado con la vista puesta en las municipales de mayo de 2027. Tres voces de la Corporación —Jaime González, Roberto Fernández y Silvia Cao— adelantaron que, si de ellos depende, no habrá continuidad de la gestión privatizada del servicio.
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