Hoy declaran por la prórrogra de residencia y piscinas / Otero reconoce error administrativo por ausencia de informe de secretaría pero justifica la búsqueda de ahorro de 120.000 euros

Los integrantes de la Junta de Gobierno Local de Bembibre que dieron el visto bueno a la prórroga irregular del contrato con Clece prestan hoy declaración en el Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada investigados por presunta prevaricación administrativa. El alcalde, José Manuel Otero, deberá esperar a que se fije la fecha para su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por su condición de aforado. Eso sí, el regidor ha expresado su tranquilidad respecto al proceso penal por cuanto “es una cuestión administrativa, aquí no hay malversación, lo que hicimos fue para ahorrar 120.000 euros”.

Por vez primera desde que se conoció el inicio de diligencias judiciales Otero ha hablado abiertamente en un medio de comunicación, y lo hizo en los micrófonos de la emisora FM Bierzo donde reconoció que la renovación incluyó una modificación sustancial que no permitía una de las cláusulas. Pero matizó dos cuestiones al respecto: por un lado, que la decisión perseguía un ahorro de 120.000 euros con la empresa adjudicataria, y por otro lado que nunca hubo informe de secretaría advirtiendo de dicho extremo, “y en la administración las cosas no sólo se dicen, sino que se escriben, y ahí no hay ningún documento que nos diga que esa cláusula existía y según la cual nosotros no podíamos renovar al incluir, que incluimos, una tercera infraestructura, que fueron las piscinas de verano”.

Otero reconoció abiertamente esta omisión que se llevó a un procedimiento contencioso, porque “es un tema administrativo, no es un tema económico ni de malversación, ni de dinero”. Es más, insistió en la ausencia de informe municipal hasta tal punto que de haber existido y haber procedido a la renovación “sí hubiera sido prevaricar”.

El alcalde recordó que la privatización ya existía con un contrato de gestión conjunta de residencia y piscinas climatizadas que “las había privatizado el gobierno socialista a la empresa Clece y además pagaba 120.000 euros”. Destacó que al expirar el plazo se planteó, bien proceder a una nueva contratación o renovar el contrato, “hicimos un nuevo contrato en que estábamos favoreciendo de manera importante a los ciudadanos de Bembibre”.

En esta línea se mostró crítico por el proceso judicial, porque “nos llevan al Juzgado porque Bembibre se estaba beneficiando del ahorro de esos 120.000 euros”.

“Tengo plena confianza en la justicia y la conciencia muy tranquila”, aseguró Otero, quien confía en que la causa se archive justificando que se perseguía un ahorro para los ciudadanos: “Lo que hemos hecho es beneficiar a Bembibre como es nuestra obligación”, concluyó.

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